Grabar a sus compañeras en el vestuario le puede costar caro a un mosso

Cárcel y multa millonaria. Es a lo que se enfrenta el mosso Iván P.S. por grabar a sus compañeras en el vestuario. En el juicio celebrado este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona, el mosso ha reconocido que colocó una mochila con una cámara para grabar a sus compañeras porque estaba pasando "un momento personal complicado" pero ha negado haberse aprovechado de su condición de policía y ha abonado 68.000 euros para reparar el daño causado. Hundido, sabe que las peticiones son muy duras.

El acusado, que solo ha respondido a preguntas de su abogado y de la magistrada, ha admitido que la cámara usada en las grabaciones y la mochila en la que estaba oculta era suyas y que él las colocó allí. Sobre por qué lo hizo, ha explicado que lleva tres años cuestionándoselo y ha resaltado que le "indigna" haberlo hecho tras 21 años de servicio con una hoja impoluta, en sus palabras, ya que su comportamiento afecta a la profesión.

En su declaración, el policía --que estuvo año y medio suspendido y que actualmente está en activo-- también ha resaltado el "calvario personal" que estaba pasando, y ha respondido a su abogado que está casado y con hijos, paga una hipoteca, y que ha tenido que endeudarse muchísimo para poder pagar los 68.000 euros que ha aportado al juzgado.

En el juicio han declarado las 17 víctimas de las grabaciones --15 de ellas se reconocieron en las imágenes y dos fueron sus compañeras quienes las identificaron-- y han explicado cómo aparecen en las imágenes: cambiándose, manteniendo conversaciones personales, en ropa interior, en diferentes días, y todas han asegurado que bajo ningún concepto volverían a trabajar con él.

Las mossas han relatado cómo les ha afectado lo ocurrido sobre todo al descubrirse, al no saber qué tipo de imágenes y conversaciones habían sido grabadas y si se habían difundido: "Te sientes traicionada, preocupada por qué se ha hecho con las imágenes y qué tipo de imágenes son. En un vestuario de una comisaría lo último que puedes pensar es que te están grabando", ha expresado una de ellas, y otras dos han explicado que el agente, que en ese momento trabajaba en el área de investigación, les había hecho comentarios de su peso pese a que supuestamente solo las veía en uniforme.

Asimismo, algunas han explicado que han sido víctimas de comentarios humillantes y que incluso las han acusado de "peseteras" y de querer arruinarle la vida a su compañero al acusarle, además de que han sentido vulnerada su confianza e intimidad, especialmente al ser el autor un compañero del cuerpo.

La agente que descubrió la cámara dentro de la mochila en el vestuario ha detallado que en ese mismo momento lo puso en conocimiento del jefe de turno y que el propio acusado reconoció ese día que el material era suyo, algo que han ratificado en el juicio los responsables de turno de ese día.

Piden cuatro años de cárcel

En el juicio, la fiscal ha confirmado que pide para el agente acusado una pena de cuatro años de cárcel y 24 meses de multa con una cuota diaria de 16 euros, además de una inhabilitación especial para el cargo de mosso durante el tiempo de la condena.

También solicita que el acusado pague una indemnización de 10.000 a cada una de las 17 agentes afectadas --un total de 170.000 euros-- en concepto de daños morales, y señala a la Generalitat como responsable civil subsidiaria.

El ministerio público considera que los hechos pueden ser constitutivos de 17 delitos de descubrimiento y revelación de secretos en su modalidad de utilización de artificios técnicos de grabación o reproducción de la imagen. La acusación particular que representa a las mujeres ha pedido, en cambio una pena de 20 años de cárcel para él, 15 años de inhabilitación y ha elevado su petición de indemnización de los 68.000 iniciales a los mismos que pide la Fiscalía.

El abogado defensor, Oriol Rusca, ha pedido que se tenga en cuenta que ha reparado el daño abonando 68.000 euros, que ha confesado y que ha habido dilaciones indebidas, por lo que, en caso de condena, ha pedido que sea a siete meses y medio de cárcel y 68.000 euros de indemnización.