Red Española de Inmigración pide al Gobierno que intervenga ante el "fracaso" de la gestión autonómica del IRPF social

En un comunicado, esta Red --punto de encuentro del Tercer Sector y las Instituciones públicas sobre las políticas migratorias en España-- señala que la convocatoria del IRPF se nutre de la asignación tributaria que la ciudadanía efectúa a través de la declaración de la renta, siendo la única parte de los impuestos que se mandan directamente y en cuya distribución "participa el conjunto de la población, obligando al Estado a dedicar estos fondos a proyectos de interés social".

Este año, tras la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, la gestión, hasta ahora estatal y centralizada, ha pasado a ser compartida en un 80% por las autonomías que, "tras negarse a realizar una encomienda de gestión al ministerio, han intentado, de forma deslavazada y totalmente descoordinada, hacer frente a convocatorias que, en algunos casos, han incrementado en más de 20 millones su gestión habitual".

Así, denuncia que hay consejerías con plantillas reducidas y apenas con tiempo material que han optado "por toda una suerte de diferentes mecanismos" pero que, "han obviado" las garantías que obliga la ley general de subvenciones y la legislación en materia de procedimiento administrativo.

En concreto, destaca el caso de la Comunidad de Madrid que, con más de 22 millones de euros aún, a fecha 26 de diciembre de 2017 y a menos de tres días hábiles para que acabe el año, "no ha dictado aún resolución siquiera provisional corriéndose el riesgo de perder el total de lo asignado".

Por ello, las pequeñas y medianas entidades de la sociedad civil que trabajan en materia de discriminación, igualdad y atención a población vulnerable ha pedido este martes a la ministra Dolors Montserrat "respuestas" y una "reacción urgente" ante la falta de resoluciones de varias comunidades autónomas, "poniendo en riesgo" la continuidad de los programas que llevan ejecutándose años.