El Ministerio de Educación pide a la Generalitat Valenciana aclaraciones sobre su 'decreto de plurilingüismo'

Según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo, la Alta Inspección Educativa analizó el texto promovido por el conseller Vicente Marzà y, tras considerar algunos aspectos "no apropiados", elaboró un informe.

Como consecuencia del mismo, el Ministerio de Educación ha enviado a la Conselleria valenciana una 'carta de colaboración' en la que enumera observaciones a este decreto y pide aclaraciones. La fórmula empleada por este departamento, según un portavoz, va "en la línea de voluntad de colaboración y lealtad institucional".

En estos momentos, en Educación están a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo valenciano. Aunque desde el ministerio no precisan las aspectos apercibidos, Europa Press ha podido saber que entre las cuestiones planteadas por el ministerio destaca la de por qué no todo el alumnado de esta comunidad autónoma tiene la misma acreditación en lenguas extranjeras.

DECRETO "DISCRIMINATORIO" PARA PP Y CS

Tanto PP como Ciudadanos en el Congreso denuncian la vulneración del principio de igualdad de oportunidades del alumnado al "discriminar" a los estudiantes que estudien en castellano frente a los que lo hagan en valenciano.

Este miércoles 22 de marzo, en la Comisión de Educación de la Cámara baja, las dos formaciones políticas presentaron sendas iniciativas en el mismo sentido, que fueron fuertemente contestadas por los diputados nacionalistas, de Unidos Podemos y PSOE. Además, este jueves, los diputados valencianos de Cs se han reunido con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para presentarle una queja formal por este decreto que consideran una "aberración".

La portavoz de Educación de Cs, Marta Martín, ha anunciado que el partido naranja pedirá una reunión al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para que dé cuenta del informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad del decreto y, además, solicitará su comparecencia ante la Comisión de Educación del Congreso para que explique la situación de la implantación de la norma valenciana.

EL DECRETO

El 27 de enero de 2017 el Gobierno valenciano aprobó el decreto por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación a las enseñanzas no universitarias en esta comunidad. Propone que, en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano, se aplicará el 'Programa de Educación Plurilingüe Dinámico', que establece seis niveles de competencia en lenguas que van del nivel básico 1 al nivel avanzado 2.

Según el PP, en base a estos niveles, el programa organiza como 'básicos' a los alumnos que estudien en castellano y como 'avanzados' a los que lo hagan en valenciano, ya que estos niveles se asocian con unas horas y una titulación diferente en inglés, siendo inferior en el caso del nivel básico o castellano y lográndose la titulación máxima de inglés si se opta por el nivel de mayor número de horas en valenciano.

El decreto establece que una vez finalizado el periodo formativo se certificará el nivel de competencia de los alumnos. Así, los que terminen el Bachillerato con un nivel 'avanzado', es decir, inglés y

valenciano, obtendrán la certificación del B1 de inglés y el C1 de valenciano, a diferencia de los que hayan escogido el nivel 'básico' o castellano, que no obtendrán ninguna acreditación.

El PP denuncia que este texto lleva consigo el hecho de que quien quiera estudiar en castellano quede con el mínimo de horas de inglés y quien opte por el valenciano sea "premiado" con la máxima acreditación en esta lengua extranjera.

Señala que, "paradójicamente", establece en su artículo 9 que cada uno de los centros tendrá que optar por un mismo nivel, con el objetivo de evitar cualquier tipo de discriminación del alumnado dentro del mismo centro, pero advierte de que, sin embargo, no contempla como segregación las diferencias que implica el programa entre alumnos de distintos centros por elegir castellano o valenciano.

"En estas condiciones, se corrompe el derecho constitucional a recibir la enseñanza en su lengua habitual, si esta es el castellano, a costa de renunciar a una titulación y conocimientos en un nivel de inglés superior", denuncian los 'populares'.

Ciudadanos cree que la norma también vulnera los derechos de los trabajadores públicos "al imponer la utilización del valenciano como lengua a utilizar", y perjudica a los centros escolares "al limitar claramente su autonomía".