Andalucía urge a aplicar el pacto contra violencia machista tras denunciar una mujer al ex por secuestrar a sus hijos

La directora del IAM se ha pronunciado así a través de un comunicado tras el "preocupante" caso de estos días en Granada, en el que un niño y una niña permanecen secuestrados por su padre maltratador, sobre el pesa una orden de alejamiento respecto a la ex pareja y madre los menores por violencia de género, vigente hasta septiembre de 2022.

Así, Ruiz destaca que el Pacto de Estado señala en sus medidas 143 y 144 el compromiso del Estado español de evitar la custodia compartida en los casos de violencia de género, impidiéndola "siquiera provisionalmente si está en curso un procedimiento penal", e imponer la suspensión "del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia".

La directora del IAM ha lamentado "la absoluta desprotección ante la que se están encontrando las hijas y hijos de mujeres víctimas", algunas de las cuales "han estado en situaciones desesperadas porque las instituciones y las leyes no han podido garantizar la seguridad de sus hijos e hijas, víctimas directas de la violencia machista de sus padres, condenados por violencia".

En este sentido, Ruiz ha recordado que el pacto, refrendado en el Parlamento español, contempla "las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas menores" de violencia de género, incluso encontrándose éstas en situaciones de jurisdicción internacional, en línea con el reciente Convenio europeo de Estambul, compatible con el Convenio de la Haya y de carácter obligatorio para los estados miembros de la Comisión Europea.

Junto a ello, Ruiz ha reclamado la planificación presupuestaria del Pacto de Estado para 2018, primer año de aplicación del mismo, y ha señalado que la ciudadanía "no es responsable de que los Presupuestos Generales del Estado no hayan sido aprobados aún, por lo que no deben sufrir las consecuencias". Así, ha señalado la urgencia de comenzar la planificación financiera y los cambios legislativos acordados, porque de lo contrario "España deja en papel mojado un pacto de estado y un convenio europeo de obligado cumplimiento".