Requisitos de la regularización de inmigrantes: todo lo que debes saber

El gobierno ha aprobado hoy la regularización extraordinaria para medio millón de personas migrantes. Para beneficiarse de esta medida hay que cumplir una serie de requisitos. Esta medida tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular que nació en plena pandemia con la recogida de más de 700.000 firmas.

Noticias Cuatro ha hablado con uno uno de sus coordinadores. Jorge Serrano está encantado cree que estamos ante una bomba nuclear de bondad, de justicia, de solidaridad, y rechaza que esta medida pueda provocar un efecto llamada que, en su opinión, termina hoy, porque los inmigrantes ya saben que no habrá una regularización extraordinaria hasta dentro de 10 años que es de media cuando se producen en España y en OCDE. Y se producen porque los mecanismos legales de migración formal no son suficientes para canalizar la migración que España necesita.

¿Cómo se acreditará la residencia?

Los inmigrantes tendrán que acreditar que llevan en España al menos 5 meses, desde antes del 31 de diciembre de 2025 . Y lo pueden hacer, por ejemplo, a través del empadronamiento, de una cita médica, un título de transportes, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero.

Esta era una reivindicación importe de las entidades sociales y el tejido asociativo, toda vez que muchas personas en situación irregular tienen problemas para empadronarse en sus localidades, como se puso de manifiesto en el proceso de regularización para las víctimas de la DANA en Valencia. También hay que demostrar que no tienen antecedentes penales.

¿Cuáles son los plazos?

La solicitud se puede hacer desde el mes de abril y hasta el 30 de junio. Y en el momento que se admita a trámite -en unos 15 días- ya podrán empezar a trabajar de forma legal.

¿Por cuánto tiempo es la regularización?

La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la posterior incorporación a las figuras ordinarias del reglamento de extranjería, como la del arraigo, que permite obtener un permiso de residencia y trabajo después de dos años viviendo en el país o por otros vínculos con España. Además, la medida permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de los solicitantes que ya se encuentran en España y en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años.

¿Qué derechos se obtienen con la regularización?

Tendrán permiso para trabajar y para residir en España válida para todo el país y en cualquier sector. El permiso se concederá durante un año y después se podrá podrá solicitar una ampliación. El plazo de tramitación será de, máximo, tres meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes, que se resolverá como mucho en 15 días, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día. Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

Para los migrantes que viven en España sin papeles, obtener esta autorización significa poder acceder al mercado laboral -y, en muchos casos, escapar de la explotación-, poder recibir atención sanitaria con normalidad, acceder a una vivienda, viajar y vivir sin miedo a que la Policía descubra su situación y pueda multarle, expulsarle o privarle de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

¿Esto significa tener la nacionalidad?

No. Para conseguir la nacionalidad por residencia se exige que la persona lleve diez años residiendo de forma legal, a no ser que cumpla requisitos excepcionales como tener la condición de refugiado.

¿Pueden votar en las elecciones?

Podrán votar en la elecciones municipales, pero no en las generales y autonómicas, porque para votar en esos comicios, se exige tener la nacionalidad.

¿Puede provocar un efecto llamada?

El Gobierno insiste en que no, porque la regularización tiene límites temporales y recuerda que la última, la de 2005, sirvió para mejorar la integración y movilidad de las personas migrantes sin suponer ese efecto llamada.

¿Necesita ser convalidado por el Congreso?

No, al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los reales decretos-ley, lo que le permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a sus medidas.

¿Se ha hecho antes en España?

Sí, existen antecedentes de grandes regularizaciones extraordinarias de migrantes desde finales de los 80 que, además, se han llevado a cabo por Gobiernos de diferente signo:

- En 1986 (Felipe González): 38.294 autorizaciones concedidas.

- En 1991-92 (Felipe González): 114.423 autorizaciones concedidas.

- 1996 (Felipe González): 21.294 autorizaciones concedidas.

- 2000 (José María Aznar): 264.153 autorizaciones concedidas.

- 2001 (José María Aznar): 239.174 autorizaciones concedidas.

- 2005 (José Luis Rodríguez Zapatero): 576.506 autorizaciones concedidas.

Además, en el ámbito de la Unión Europea ha habido más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.

¿Cómo gestionará el Estado el volumen de solicitudes?

Uno de las preguntas que han surgido con el anuncio de la medida es cómo afrontarán las oficinas de extranjería el volumen de solicitudes que se esperan -unas 500.000 en pocos meses- en un escenario en el que estas unidades ya enfrentan graves problemas como retrasos estructurales y falta de citas.

Preguntada por este asunto, Elma Saiz, ministra de migraciones, ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" porque habrá "un plan operativo específico" por el que se habilitarán espacios como las oficinas de la Seguridad Social y también la vía telemática para que sea un procedimiento eficaz y ágil. 

La conferencia episcopal, a favor por "dignidad humana"

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, considera que el decreto de regulación de inmigrantes aprobado por el Gobierno este martes es "un reconocimiento a la dignidad humana" además de que solucionará el problema que se da en muchos municipios españolas, con personas que trabajan, acuden a los servicios públicos y a los colegios "y se encuentran con un muro por falta de legalización".

Monseñor Argüello ha aseverado que es una "oportunidad para colaborar con el bien común" y considera que este decreto se podría haber firmado "hace meses", cuando las organizaciones sociales que promovieron la ILP que se llevó al Congreso de los Diputados

"Es ahora quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca", ha aseverado el prelado vallisoletano, quien considera que esta medida aprobada por el Gobierno es también "un reconocimiento para la propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada" que se unió para solicitar "la regularización de la dignidad".

Asimismo, Luis Argüello ha apuntado que los "desafíos y los restos" de la integración cultural de los inmigrantes "continúa" al igual que "continúa" la necesidad de regular los flujos migratorios en España " lo que difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea".

El arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE cree que es un día para alegrarse porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni a cotizar con sus impuestos al bien común pueden, desde hoy, inician un proceso de regularización "que quiera Dios que sea posible de pertenencia plena" a la sociedad.

Las entidades sociales, a favor

Entidades sociales han celebrado el inicio de los trámites por parte del Gobierno para regularizar de forma extraordinaria a más de medio millón de migrantes, a través de un Real Decreto, tras un pacto entre PSOE y Podemos. Consideran la medida de "justicia social".

En este sentido, desde Accem dicen que la regularización supone un "avance" en la garantía del acceso y la igualdad de derechos y la protección de todas las personas que viven en España. "Esta medida se dirige a personas que ya residen en España, forman parte de nuestra sociedad y contribuyen a ella, facilitando poder salir de situaciones de vulnerabilidad o de vulneración de derechos", apuntan.

Además, indican que la regularización tiene un "impacto positivo" en el conjunto de la sociedad, porque "visibiliza y facilita la inclusión de las personas". Respecto al aspecto laboral y económico, añaden que "la medida permitirá aflorar situaciones de empleo que podrían estar en la economía sumergida". "Esto favorece la cotización a la Seguridad Social y fortalece la economía", subrayan.

Del mismo modo, afirman que, a la espera de conocer los detalles del procedimiento, desde Accem, confían en que se articule "como un proceso garantista, ágil y eficaz, que ofrezca una respuesta real y adecuada a las personas afectadas".

La directora general de CEAR, Mónica López, llama a reforzar mecanismos que no sean extraordinarios, mecanismos estructurales "para que las personas migrantes no tengan que estar meses y años en la irregularidad y por tanto puedan desde el primer día de su llegada a España trabajar y desarrollar una vida en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos".

"Son medidas que favorecen no solo a la población migrante, sino también a la población autóctona y a la sociedad en general, porque permite que las personas contribuyan a la sociedad y de alguna manera estén integradas y viviendo al igual que el resto", concluye López.

Del mismo modo, el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, valora "positivamente" el anuncio del Ejecutivo. Si bien, apunta que están "a la espera de conocer los detalles concretos de sus condiciones y de su tramitación para que sea ágil y dé una respuesta inmediata a las personas que puedan ser beneficiarios de la misma". "Es de justicia que las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones. Sin duda es la normativa ordinaria la que tiene que establecer un mecanismo de regularización permanente ajustado a la realidad del país", asegura.

También recalca que esta medida responde a una "aspiración compartida" por parte de los movimientos sociales, por lo que, a juicio de la ONG, es "muy positivo" que se haya activado en este momento por parte del Gobierno.

Mientras, Save the Children ve la medida como un "avance" para la infancia y defiende que "regularizar es cuidar: más estabilidad, más derechos, más futuro para niños y niñas y sus familias".

Desde UNICEF España consideran que el proceso de regularización de personas migrantes aprobado este martes "va a contribuir a promover la integración social de muchos niños y niñas vulnerables y sus familias, y a prevenir su marginación social". "En una situación administrativa de irregularidad, las familias solo pueden acceder a empleos informales, tienen muy pocas posibilidades de acceder a la protección social y muchas dificultades para conseguir vivienda. Además, también afrontan importantes barreras de acceso a la salud y viven con el miedo de ser detectados y, eventualmente, expulsados del país a pesar de llevar tiempo viviendo en España. Todas estas circunstancias que afectan a los padres y madres terminan impactando gravemente en la vida de los niños y niñas", ha advertido la especialista en migraciones de UNICEF España, Sara Collantes.

UNICEF, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas viene recomendando a los países que faciliten vías para la regularización de los migrantes en situación irregular que residan con sus hijos, una circunstancia que, en 2019, se estimó que afectaba a "unos 147.000 niños y niñas en situación irregular en España".

Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, también ha celebrado la regularización extraordinaria de personas migrantes y ha puesto en valor "la fortaleza del tejido social y la importancia de un Tercer Sector y una sociedad civil organizada y unida"."La aprobación de esta medida supone un avance decisivo en el reconocimiento de los derechos de miles de personas que viven en nuestro país y que, hasta ahora, se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad jurídica y social", ha valorado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.

Por otro lado, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) también han aplaudido la regularización extraordinaria de migrantes por real decreto.

En esta línea, las entidades consideran esta medida como "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo del país aún a costa de mantenerles en situación irregular. Esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión", han subrayado.

Además, el grupo eclesial considera que la regularización extraordinaria es un "complemento imprescindible" al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias.

"El reglamento de extranjería ha supuesto un avance en algunas cuestiones, pero está sufriendo ajustes frecuentes y adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos. Por ello, este grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria", han subrayado.

Según han advertido las entidades de Iglesia, el Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables como "las personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia; personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos ,o personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.

También se encuentran en esta situación, según han señalado, "los trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración; solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad y familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas".