Tasa de basuras en España: cuánto se paga según el municipio, quién debe abonarla y cómo reclamar
La nueva tasa de basuras que ha entrado en vigor este año está provocando ya reclamaciones a los tribunales.
Nueva tasa de basuras: guía completa sobre los cambios y cobros a tener en cuenta
La Tasa de Gestión de Residuos (TGR) que pagan los hogares en España en 2025 ha alcanzado un importe medio de 116,32 euros, un 16,2% más que en 2024 (100,12 euros), muy por encima del IPC, según se desprende del informe 'Las Tasas de Residuos en España 2025', elaborado por el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos a partir de datos de 131 municipios, incluidas todas las capitales de provincia.
La presencia de cuotas fijas es relevante (37,4 % de los municipios). En otros casos, la definición de las cuotas depende de alguna variable que permite discriminar entre hogares, por ejemplo: la localización de la vivienda de acuerdo con la tipología de la calle (25,3 % de los municipios), el valor catastral (6,5 %), el servicio recibido (4,7 %) o el consumo de agua (4,7 %), son los criterios más frecuentes.
En paralelo, el 92,4 % de las ordenanzas fiscales analizadas cuentan con criterios de diferenciación de las cuotas comerciales. Entre estos, el tipo de actividad económica, la superficie del local, la localización del comercio y el número de trabajadores son los más frecuentes. También se ha observado que las cuotas comerciales analizadas tienden a ser más elevadas en aquellos municipios con mayor población (a partir de 50.000 habitantes)
Este tributo municipal, conocido como tasa de basuras, que grava la recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos generados por hogares y comercios en España, regulada por la Ley 7/2022 de residuos, busca cumplir con los objetivos europeos de reciclaje y sostenibilidad, recogidos en una directiva.
Para las entidades locales españolas, las tasas de residuos son, en general, las que más recaudación aportan, al gravar un servicio de prestación obligatoria y con elevados costes.
En esta línea, la ley española establece desde abril de este año la obligación de que los ayuntamientos cuenten con esta tasa y que la misma cubra el 100% del coste del servicio de gestión de residuos, delegando en los consistorios la responsabilidad de su diseño y aplicación sin definir criterios uniformes para el cálculo.
Esta directiva europea ha obligado a algunos ayuntamientos de gran tamaño, como Madrid, a aprobar dicha tasa de basuras, con la que no contaba la capital española.
Las disposiciones del artículo 11 de la Ley 7/2022 han supuesto un reto para la gran mayoría de las entidades locales. Sin embargo, muchas han perdido un tiempo muy valioso en activar las reformas necesarias para cumplir con las exigencias legales. Es sorprendente la cantidad de municipios que no han reaccionado hasta muy tarde, señala el informe. De hecho, si bien la notable subida de las cuotas medias vista en 2025 indica que la Ley ha tenido un claro efecto, muchos municipios siguen teniendo ordenanzas que no cumplen con las exigencias legales, singularmente la obligación de cobertura de costes.
Primeras protestas ciudadanas
La nueva tasa de basuras que ha entrado en vigor este año está provocando ya reclamaciones a los tribunales y críticas a los criterios con los que se ha calculado. Además, hay enormes diferencias entre lo que paga cada ciudadano dependiendo de dónde viva.
¿Cuánto se paga en cada municipio?
La Tasa de Gestión de Residuos por hogar puede dejar diferencias de hasta 230 euros entre municipios en 2025. Para un hogar, la cuota media oscila entre 288 euros en Valencia y 57 euros en Toledo o Palencia, pasando por 144,40 euros en Barcelona y 102,41 euros en Madrid, dependiendo de los distintos sistemas de cálculo y criterios utilizados por cada ayuntamiento.
Por ejemplo, en Madrid la tasa de basura por hogar se calcula combinando una parte fija basada en el valor catastral de la vivienda y una parte variable que depende de la generación de residuos por persona y barrio, ajustada mediante un coeficiente de calidad de separación de residuos que premia el correcto reciclaje y penaliza lo contrario.
De este modo, se busca que el pago refleje tanto la capacidad económica del inmueble como el comportamiento ambiental colectivo del barrio.
Las cuotas domésticas de las capitales de provincia
Albacete (93,25 euros), Alicante (142,23), Almería (117,07), Ávila (110), Badajoz (77,93), Barcelona (144,40), Bilbao (194,60), Burgos (73,92), Cáceres (63,88), Cádiz (119,46), Castellón de la Plana (193,62), Ciudad Real (88,61), Córdoba (197,95), A Coruña (68,87), Cuenca (78), Donostia-San Sebastián (206,90), Girona (238), Granada (85,20), Guadalajara (118,40), Huelva (142,71), Huesca (77,71), Jaén (163,51), León (62,53), Lleida (94,90), Logroño (153,44), Lugo (86,52), Madrid (102,41), Málaga (129,41), Murcia (170,10), Ourense (125,70), Oviedo (140,12), Palencia (57,41), Palma (209,72), Pamplona (150,62), Pontevedra (125,19), Salamanca (122,76), Santa Cruz de Tenerife (69,77), Santander (101,86), Segovia (126), Sevilla (88,88), Soria (64,69), Tarragona (236,29), Teruel (69,80), Toledo (56,87), Valencia (287,56), Valladolid (70,80), Gasteiz-Vitoria (81,17), Zamora (70), Zaragoza (70,14).
¿Quién paga la tasa de basuras?
Legalmente, los ayuntamientos exigen el pago del gravamen al propietario del inmueble, quien figura como sujeto pasivo y responsable ante la administración local. No obstante, la Ley de Arrendamientos Urbanos permite pactar en el contrato de alquiler que este coste sea asumido por el inquilino, siempre que se pacte expresamente en el contrato de alquiler.
¿Se puede reclamar la devolución?
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Europea la aplicación "indiscriminada" de la tasa en distintos ayuntamientos y la falta de justificación en sus cobros.
Facua-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma de afectados para aquellos que quieran reclamar a su municipio la devolución de Tasa de Gestión de Residuos (TGR) por haber sido aplicada de forma "irregular", según ha informado la organización en un comunicado este lunes.
En concreto, la asociación ha detectado "irregularidades" en Madrid, Badajoz, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, León y Zamora, y se encuentra analizando la aplicación de la tasa en otros municipios para confirmar si también es "reclamable".
Para realizar la reclamación se debe entrar al portal de Facua en donde los interesados encontrarán toda la información disponible y podrán descargar los modelos de reclamación que pueden dirigir a los ayuntamientos de sus ciudades.
Los usuarios disponen de 30 días desde la notificación de pago para presentar un recurso de reposición, aunque este no suspende la obligación de abonar la tasa, según explica la organización de consumo.
La asociación ha detectado que en "muchos" municipios se han limitado a subir la tasa, "sin tener en cuenta los requisitos necesarios para ello".
Según Facua, la tasa debe estar justificada económicamente y considera que los costes deben contemplar los ingresos que recibe el ayuntamiento a través de los sistemas de 'Responsabilidad Ampliada del Productor', los cuales ya contribuyen a la financiación del servicio. En este sentido, la asociación denuncia que los consumidores acaban pagando "el doble", ya que durante la compra de productos abonan una cantidad destinada a su gestión y reciclado.
Además, explica que la cuantía de la tasa debe tener en cuenta la capacidad económica del contribuyente y su capacidad de generación de residuos y debe poder individualizarse en base a su "comportamiento".
Inspectores de Hacienda Local avisan de un déficit de 2.000 millones en la gestión de basuras pese a la tasa
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha avisado de un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones de toda España por la gestión de las basuras, a pesar de la nueva tasa en muchos consistorios, que es obligatoria desde el pasado 10 de abril.
Así lo han ponen de manifiesto los datos de la Fundación ENT, recogidos por los Inspectores de la Hacienda Pública Local en un comunicado en la antesala de su XXV Congreso Anual, que se celebrará esta semana en Alicante.
En concreto, los presupuestos aprobados para 2025 indican un gasto total en materia de residuos de 5.325 millones de euros y unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, lo que reflejaría un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100%.
Según los inspectores, este déficit que no es "ni mucho menos" el único problema en torno a esta tasa, ya que auguran "severos problemas presupuestarios" en las corporaciones locales si prosperara la cascada de denuncias que se avecinan por parte de los contribuyentes.
Así, han subrayado que desde hace tiempo llevan señalando que la regulación de la tasa de gestión de residuos es "escasa e ineficiente" y provocará "más incertidumbre" en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación.
A su juicio, esto se produce en parte por el "desinterés e inacción" del Ministerio de Hacienda, así como por la falta de diálogo real con las entidades locales. En los últimos 30 años y tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, los municipios conocían cómo regular las tasas de residuos, lo que evitaba la inseguridad jurídica.
Ahora, por primera vez en la historia de la tributación local, se está ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria. Aplica el principio del pago por generación, que es consecuencia de otro conocido principio: "el que contamina paga", destacan desde la asociación. Para los inspectores, todo ello está provocando una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales para regular la tasa que van a resolverse igualmente de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo.