¿Quién es el encargado de limpiar los montes para evitar los incendios y qué dice la Ley de Montes?
La ley de Montes solo permite al propietario del monte su limpieza
Cómo aprovechar el monte produciría menos incendios forestales, generando beneficios para sus pueblos
La oleada de incendios de este verano ha destapado un debate ahora mismo sobre la normativa de limpieza de los montes y quiénes son los responsables y encargados de hacerla. Las redes sociales se han llenado de bulos sobre prohibiciones, pero qué dice la normativa. Dani Montero, de Investigación Noticias Cuatro nos lo aclara.
Montero explica que nada prohíbe las labores de limpieza de nuestros montes. De hecho, no solo se puede, sino que se debe. Lo que dice la Ley de Montes es que la obligación de mantener las fincas limpias es de los propietarios.
El 70 % de la masa forestal en España está en manos privadas
Y aquí viene uno de los principales problemas y es que el 70% de las fincas forestales, incluso en parques naturales, está en manos privadas. Así que corresponde a los dueños la limpieza de esas fincas y sufragar los gastos de limpieza. Pero eso está marcado en la ley desde 2003, no tiene nada que ver con la agenda 2030 firmada por el Gobierno, a pesar de los bulos difundidos por Vox.
Uno de los puntos más polémicos de la ley es que no permite que se limpien o modifiquen zonas por parte de personas o instituciones que no seas sus propietarias. Tienen que ser los titulares de esos terrenos los que lo limpien, y los que se exponen a sanciones si no lo hacen.
De forma que las Comunidades Autónomas elaboran un plan de prevención y los propietarios están obligados a cumplirlo. Para hacerlo en muchas zonas tienen que pedir permisos y es la Administración la que se lo permite o no. Pero tienen que solicitarlo.
En Galicia por ejemplo no hace falta pedir ese permiso y tienen una entidad pública que te limpia el terreno por 350 euros por hectárea.
Esto origina otro problema. Y es que al propietario le cuesta dinero un terreno que no le da en muchos casos ningún beneficio. Es la administración la que tiene que hacer presión para que el propietario cumpla.
Muchas veces en un papel incómodo que las administraciones no quieren hacer. Pero el gran problema es la despoblación. En muchos casos el propietario se ha ido del pueblo y ha dejado la finca abandonada.
Es en este punto donde la legislación no permite que otra persona entre y limpie sin más control, cosa que antes era muy común en los pueblos.
