El principal sindicato boliviano convoca una huelga general para el miércoles

El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, ha explicado que el comité ejecutivo ha examinado el Código y concluyó que "criminaliza la protesta, el oficio, la profesión y sobre todo la libertad de expresión, sin la cual el sindicato ya no tiene razón de existir".

"Con este Código para qué va a existir la Central Obrera Boliviana si el Gobierno ya no va a permitir más movilizaciones. Aquel dirigente boliviano que hable en contra del presidente del Estado o alguna autoridad de Gobierno, ya le espera la cárcel", ha argumentado en declaraciones recogidas por la emisora boliviana Erbol.

El jueves está convocada otra jornada de protesta en la que llaman a los afiliados, profesionales, estudiantes del país a participar de las movilizaciones, porque se trata de "hacer respetar la libertad de los bolivianos".

Mitma ha señalado que el Gobierno no puede equivocarse como lo está haciendo y aseguró que el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) no puede penalizar a los bolivianos. "Que lo haga con los delincuentes, pero en base a los derechos y garantías constitucionales", ha apostillado. El paro será "indefinido si el Gobierno no atiende la demanda del pueblo boliviano", ha advertido Mitma.

El nuevo Código del Sistema Penal es rechazado por médicos, transportistas, periodistas, gremialistas, grupos religiosos y también por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.

La semana pasada, el presidente Evo Morales dispuso la derogatoria del artículo 205, que sancionaba la mala práctica médica con cárcel, inhabilitación y resarcimiento económico en caso de daños o muerte de un paciente, así como la del artículo 137, que era cuestionado por el sector del transporte debido a que endurecía las penas en caso de muertes en accidentes de tránsito mediante el delito de homicidio culposo.

A esos cambios se han sumado otras referidas a la penalización por injurias, calumnias, infamias a través de medios de comunicación (artículos 309, 310 y 311) que, según las organizaciones de prensa, vulneran la Ley de Imprenta que procesa ese tipo de faltas.

Asimismo, los artículos 293,294 y 295 son vistos por los sindicalistas como un atentado al derecho a la protesta porque sancionan con tres y cuatro años de cárcel a quienes generen acciones que promuevan el incumplimiento de las leyes (sedición) o sean parte de algún grupo armado que se atribuya "los derechos del pueblo".

Por su parte, grupos religiosos han cuestionado el artículo 88 que sanciona el "reclutamiento de personas para su participación (...) en organizaciones religiosas o de culto".

En el caso de los gremialistas, rechazan la pena de cuatro a ocho años de prisión que impone el código cuando una persona no pague impuestos cuyo importe es superior a los 78.000 dólares.

Por su parte, el Gobierno calificó de "injustificadas" las protestas y acusó a sectores de oposición de orquestar una acción conspirativa contra la administración de Morales.

El lunes el transporte pesado llevó a cabo bloqueos esporádicos de carreteras en los departamentos de La Paz, Santa Cruz (este), Cochabamba (centro), Oruro (sudoeste), Potosí (suroeste) y Tarija (sur), según informa el periódico 'La Razón'.