Los 28 avalan endurecer los controles de homologación y sancionar a fabricantes por vehículo trucado

La decisión ha sido adoptada a nivel de embajadores ante la UE y necesita aún el visto bueno formal del Consejo y del pleno del Parlamento europeo, aunque este proceso no afectará al calendario previsto, según el cual el nuevo marco se aplique a partir del 1 de septiembre de 2020.

En materia de vigilancia, las nuevas reglas permitirán a la Comisión Europea realizar sus controles sobre el mercado independientemente de los Estados miembros y pedir la retirada de vehículos a escala europea si detecta fraudes graves.

También tendrá el poder para imponer sanciones de hasta 30.000 euros a los fabricantes o a los servicios técnicos por cada vehículo que no esté conforme a los estándares europeos, algo que hasta ahora era competencia única de los Estados miembros.

Para asegurar que aumentan los controles de los vehículos comercializados en la Unión Europea, la reforma obliga a los Estados miembros a llevar a cabo controles más estrictos, aleatorios y periódicos tanto en la cadena de producción como en los coches ya en el mercado.

Los Estados miembros, además, podrán tomar medidas inmediatas si detecta vehículos en su territorio que incumplen la normativa, sin tener que esperar a que actúe la autoridad que haya concedido la homologación.

Otra de las claves será la obligación para los laboratorios de pruebas de someterse a auditorías "periódicas e independientes", con el objetivo de comprobar que cumplen con los altos estándares de rendimiento y proteger la independencia de la homologación.

En el acuerdo entre instituciones, sin embargo, no ha prosperado la propuesta de la Comisión Europea para modificar el sistema de remuneración para evitar que el fabricante pague directamente a los servicios técnicos.