La batalla contra las minas antipersona todavía no se ha ganado 20 años después de Ottawa

El 3 de diciembre de 1997 se firmaba en Ottawa la Convención para la Prohibición de las Minas Antipersona. Veinte años después, 162 países la han firmado y casi todos han dejado de usarlas, pero miles de estos artefactos siguen enterrados aún en unos 60 países con el consiguiente peligro para quienes viven en dichas zonas. La batalla aún no se ha ganado, aunque la meta es un mundo libre de minas antipersona para 2025.

"En los últimos 20 años desde la convención para la prohibición de las minas antipersona, se ha hecho mucho", resume el responsable de Contaminación por Armas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Erik Tollefsen. "Muchos cientos de miles de kilómetros cuadrados han sido limpiados y millones de minas han sido destruidas", subraya.

Pese a ello, añade, "la batalla aún no se ha ganado". "Necesitamos seguir esta senda, necesitamos hacer más, necesitamos continuar la financiación ya que en los últimos años hemos visto que los fondos se reducían en los últimos años y esto es muy alarmante", advierte.

Tollefsen recuerda que cuando comenzó a trabajar en la retirada de minas y artefactos si explotar a principios de los años 1990 "en Líbano y Bosnia, durante las guerras de los Balcanes, era como el trabajo de Sísifo". "Aunque trabajábamos lo más duro que podíamos para retirar las minas antipersona y otras armas, más minas eran colocadas y veíamos que las estadísticas de víctimas aumentaban año a año", explica.

MENOS VÍCTIMAS

Cuando en 1997 se aprobó la convención, unas 20.000 personas, en su mayoría civiles, morían o resultaban mutiladas cada año por las minas antipersona. La cifra ha ido reduciéndose de forma gradual y según los últimos datos disponibles, en 2015 unas 6.460 personas resultaron muertas o heridas, es decir, 18 de media cada día.

Además, aún hay 35 países fuera del tratado, que se reservan el derecho a usar este tipo de arma. Según la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL, por sus siglas en inglés), estos países acumulan unos 50 millones de minas que podrían usarse en cualquier momento. Los países que tienen los mayores arsenales son China, Rusia, Estados Unidos, India y Pakistán.

Por otra parte, según la ICBL, existe aún un pequeño número de países que siguen produciendo minas antipersona, entre los que figuran India, Birmania, Pakistán y Corea del Sur, mientras que otros se reservan el derecho de producir este tipo de armas.

AMENAZA PARA EL POSTCONFLICTO

"Hoy en día, las minas antipersona y otros artefactos sin explotar como las municiones de racimo representan una enorme amenaza en los escenarios postconflicto", subraya el responsable del CICR. "No solo suponen un obstáculo para la seguridad humana, sino también impiden que la vida vuelva a la normalidad", añade, en referencia con la imposibilidad de cultivar las tierras en las zonas minadas para los habitantes, lo que en muchos casos les deja sin su medio tradicional de vida.

Además, según el CICR, en los últimos años se ha producido un incremento en el número de víctimas, algo que Tollefsen atribuye a la cambiante naturaleza de los conflictos. "El gran problema hoy en día son los actores no armados", destaca, en referencia a grupos insurgentes y terroristas, como puede ser Estado Islámico, famoso por la colocación de bombas trampa en los territorios bajo su control.

"En muchos de estos conflictos que vemos en las noticias y en los periódicos cada día está pasando eso, se usan muchas más minas antipersona improvisadas, minas de fabricación artesanal de las que somos capaces de retirar", lamenta.

AYUDA A LAS VÍCTIMAS

Otra tarea pendiente es la atención a las víctimas de las minas antipersona. Según explica a Europa Press Ricardo Pla Cordero, responsable de acción humanitaria inclusiva de Handicap International, en muchos casos la ayuda a las personas que han quedado mutiladas por estos artefactos no va más allá de la rehabilitación y "no debería pararse ahí".

A estas personas, defiende, hay que ofrecerles perspectivas de futuro. Así, cuenta el caso de un chico al que conoció en Turquía y que había quedado en silla de ruedas por una bomba. Inicialmente, tras recibir la silla de ruedas y recuperar una "independencia relativa" estaba muy contento, pero pronto perdió las ganas y se quedó en la cama porque aunque tenía "cómo moverse no tenía por qué hacerlo".

Este chico había sido panadero y quería volver a trabajar, "pero no veía cómo" en sus actuales circunstancias y había perdido la esperanza, lamenta Pla Cordero. Sin embargo, sí podía hacerlo si se suprimían las "barreras físicas" que se lo impedían, pero aún queda la "tarea pendiente" de que la gente esté dispuesta a contratar a personas con discapacidad y a asumir que pueden ser necesarias reformas para que esto ocurra. "Es necesario reinsertar a estas personas a la vida cotidiana", insiste.

El responsable de Pla Cordero también cree que existe una laguna a la hora de abordar el problema de las minas antipersonas y llevar a cabo campañas de concienciación y de sensibilización. En muchos casos, se obvia que en las zonas puede haber personas con discapacidades previas que tienen que recibir información para "evitar que se produzcan accidentes" por desconocimiento.