Estados Unidos planea ampliar las restricciones migratorias a partir del domingo

La nueva política migratoria sustituye al veto, cuyo plazo de implantación prescribe el domingo 24 de septiembre y que prohibía la entrada a las personas procedentes de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, países de mayoría musulmana, como parte del plan del Gobierno para luchar contra el terrorismo.

Aunque las restricciones en este caso serían diferentes para cada país, se podría prohibir igualmente que las personas que viven en las llamadas "naciones objetivo" viajar a Estados Unidos o tener mayores dificultades para obtener un visado, según informa el diario estadounidense 'The New York Times'.

"El Gobierno de Trump asegurará que las personas que viajan a Estados Unidos sean debidamente investigadas y que a las que no pertenezcan a este país no se les permita entrar", ha declarado Jonathan Hoffman, secretario adjunto de Asuntos Públicos del Departamento.

El próximo domingo cumple el plazo para que la judicatura decida su implantación definitiva, por lo que se planea este nuevo paquete de medidas a la espera del fallo judicial.

RESTRICCIONES TAMBIÉN PARA REFUGIADOS

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos ha señalado inicialmente a más de seis países que no cumplen con los estándares de seguridad para las migraciones de salida, por lo que suponen una amenaza de entrada de terroristas en EEUU, aunque no se han especificado de cuáles se trata.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya avanzó su intención de ampliar las restricciones migratorias hace una semana, cuando publicó en su cuenta de Twitter que "la prohibición de viajar a EEUU debería ser mucho más grande, más dura y específica", en el contexto de la última explosión registrada en la ciudad de Londres.

La restricción aún vigente, puesta en marcha pocos días después de la toma de posesión del presidente y sin previo aviso, incluye restricciones a la entrada en el país de refugiados de todo el mundo, que tiene visos de mantenerse con el nuevo plan.

Su implantación desde el principio contó con duras críticas por parte de activistas por los derechos de los inmigrantes, legisladores y diplomáticos de todo el mundo, que consideran que el criterio de veto atiende fundamentalmente a razones religiosas, tomando a las personas residentes en los países islámicos como terroristas.