UE extiende las sanciones contra el presidente y primer ministro rebeldes y el presidente de la Cámara de Tobruk

Los países de la UE han acordado en este contexto mantener las sanciones en vigor --congelación de activos bajo jurisdicción europea y prohibición de entrada en la Unión-- contra los tres dirigentes, sanciones que se introdujeron en abril de 2016 por su obstrucción para aplicar el acuerdo político sellado en diciembre de 2015 entre las diferentes facciones y poner en marcha el Gobierno de unidad nacional liderado por el primer ministro, Fayez Serraj, que consideran la "única" autoridad "legítima" libia.

Los Veintiocho han advertido de que no se descartan "nuevas medidas contra individuos que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del país", por ejemplo, aquellos que impidan o socaven la culminación plena y completa de la transición política en Libia, aunque también están dispuestas a retirar las sanciones actuales contra los tres dirigentes si se cumplen las condiciones para ello.

La UE ha vuelto a apelar a la contención y la desmovilización, dejando claro que sólo las autoridades creadas en el marco del acuerdo libio tiene "derecho a controlar las fuerzas de seguridad y defensa libias" y a la búsqueda de una solución política "incluyente" basada en el acuerdo libio bajo la mediación del enviado especial de la ONU, Ghassan Salamé.

SANCIONES EN MALI, TAMBIÉN POSIBLES

Los Veintiocho también han aprobado los actos jurídicos para aplicar la resolución 2374 del Consejo de Seguridad de la ONU, que permite imponer sanciones contra las personas que bloqueen el acuerdo de paz en Malí, también firmado en 2015.

"Las personas y entidades afectadas serán designadas, cuando proceda, por el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas como responsables o cómplices de actos o políticas que supongan*una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Mali", ha subrayado el Consejo en una nota.

Los Veintiocho avisan de que las sanciones podrían dirigirse contra quienes participen en hostilidades, violando el acuerdo de paz, ataques contra las instituciones y las fuerzas de seguridad malienses o de la misión de la ONU en Malí (MINUSMA), de la fuerza conjunta de cinco países del Sahel o de las misiones de la UE y de Francia, así como contra quienes obstruyan la ayuda humanitaria y cometan violaciones de los Derechos Humanos o recluten a niños soldado.