La UE sanciona a otras nueve personas con responsabilidad política y militar por violaciones de DDHH en RDC

Los países de la UE ya aprobaron en diciembre sanciones contra siete altos mandos de las fuerzas de seguridad y responsables de Inteligencia de República Democrática del Congo por reprimir a la población en el marco de las protestas de septiembre pasado contra el Gobierno de Joseph Kabila en las que murieron 50 personas y avisaron de que las relaciones con el país sufrirían en caso de que no hubiera un nuevo Gobierno tras expirar el mandato del actual presidente.

Los Veintiocho han justificado las nuevas sanciones por el deterioro "significativo" de la situación pese al acuerdo para tratar de resolver la crisis política en el país, especialmente en la provincia de Kasai, y han reclamado a las autoridades del país a iniciar "sin retrasos, investigaciones creíbles y transparentes" con el apoyo de expertos internacionales para identificar a los responsables de las masacres y la violencia.

También han reiterado su preocupación por las "restricciones a los medios y la prohibición de las manifestaciones", así como por "la falta un consenso para avanzar en la transición" e insisten en la necesidad de que haya "elecciones transparentes y democráticas" lo antes posible.

Los Veintiocho han avisado de que seguirán "de cerca" la evolución en "los próximos meses" y considerarán, en función de la misma, o bien "medidas restrictivas adicionales" o "la retirada de algunas de ellas", al tiempo que han vuelto a reitera la disposición de la UE de mantener un diálogo político con las autoridades del país, en el marco del artículo 8 del Acuerdo de Cotonou.

Las nuevas sanciones han entrado en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.

En concreto, los Veintiocho han sancionado al exviceprimer ministro y exministro del Interior Evariste Boshab, entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016, como "responsable de arrestos de activistas y miembros de la oposición, así como el uso desproporcionado del uso de la fuerza", incluido en las manifestaciones contra el Gobierno en Kinshasa, así como a su sucesor, Ramazani Shadari, al que también acusan de "un uso desproporcionado de la fuerza desde su nombramiento", incluido contra miembros del movimiento Bundu Dia Kongo (BDK) en el Congo Central, así como por la represión en Kinshasa en enero y febrero y en las provincias de Kasai.

También han sancionado al ministro de Comunicación y Medios y portavoz del Gobierno, Lambert Mende, como "responsable de la política de represión violenta contra los medios", que "viola el derecho de libre expresión e información y socava una solución pacífica y consensuada hacia elecciones". Así, denuncian su decreto de noviembre restringiendo las posibilidades de radiodifusión de varios medios extranjeros y el hecho de que no se hayan reanudado las retransmisiones de un número de medios "en violación del acuerdo político" alcanzado en diciembre.

El líder de la milicia Bakata entre 2011 y 2016 y actual líder de "un grupo armado implicado en violaciones de derechos humanos en la provincia de Kasaï", Gédéon Kyungu Mutanga, al que responsabilizan de "violaciones graves de Derechos Humanos y crímenes de guerra como asesinatos y ataques contra civiles, especialmente en las zonas rurales de la región de Katanga" también ha sido sancionado, junto con el gobernador de la región de Kasaï Central, Alex Kande Mupompa, por ser responsable de la represión violenta y de ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad en la zona desde 2016, incluidos civiles y miembros de la milicia Kamiuna Nsapu, en febrero de 2017.

El exgobernador de Haut-Katanga hasta abril, Jean-Claude Kazembe Musonda, también ha sido sancionado como "responsable" de la represión violenta de las fuerzas de seguridad y la Policía en la región, incluida la muerte de doce civiles en el marco de las protestas en diciembre de 2016 en Lumumbashi, que dejaron otros 64 heridos.

Los Veintiocho también han sancionado al comandante de la Brigada 31 del Ejército congoleño, Muhindo Akili Mundos, al que responsabilizan de "la operación Sukola I" contra la Alianza de Fuerzas Democráticas entre agosto de 2014 y junio de 105 y de "reclutar y equipar a antiguos combatientes de grupos armados locales para participar en ejecuciones extrajudiciales y masacres que comenzaron en octubre de 2014", así como al vicecomandante de la región Mbuji-Mayi, Eric Ruhorimbere, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra la milicia Nsapu, de mujeres y niños.

Asimismo, el jefe de los Servicios de Inteligencia Nacional, Kalev Mutondo, ha sido sancionado por su implicación en la detención "arbitraria" y "maltrato" de opositores y activistas, entre otros.