La ONU afirma que Burundi corre el riesgo de convertirse en una "crisis olvidada"

El organismo, junto a 26 socios humanitarios, ha solicitado 391 millones de dólares (alrededor de 315 millones de euros) para un plan de respuesta destinado a entregar ayuda a 430.000 personas durante este año.

Desde 2015, más de 400.000 refugiados y solicitantes de asilo han abandonado el país huyendo del conflicto, los abusos de los Derechos Humanos y el deterioro de la situación humanitaria.

Más del 60 por ciento de ellos han huido a Tanzania (254.000 refugiados), mientras que el resto se han dirigido a República Democrática del Congo (RDC), Ruanda y Uganda.

Las organizaciones humanitarias buscan garantizar que la mayoría de los desplazados que viven en campamentos de refugiados (cerca del 85 por ciento) reciben comida, alojamiento y educación, así como protección ante casos de violencia sexual y de género.

"Por el momento las condiciones siguen siendo frágiles, por lo que el apoyo a los países de acogida sigue siendo una prioridad que espero que el mundo no olvide", ha sostenido el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

"Las raciones de comida se han recortado en muchos de los países vecinos", ha alertado, recalcando que los grupos vulnerables, como las mujeres, que ya han sido expuestos a la violencia no pueden recibir el apoyo necesario.

Por su parte, la coordinadora regional de ACNUR para la situación en Burundi, Catherine Wiesner, ha afirmado que los refugiados que han decidido volver al país hacen frente a presiones económicas e inseguridad alimentaria.

"En estos momentos, ACNUR y sus socios no promueven o animan a los refugiados a regresar a Burundi", ha dicho, apuntando que "se está reiterando el llamamiento a los países vecinos para que sigan cumpliendo sus responsabilidades internacionales y compromisos para recibir a solicitantes de asilo en sus fronteras y ofrecer protección a los que la necesitan".

El país africano está envuelto en una crisis política desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidiera en 2015 presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional.

La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.

El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsi, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.

Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.