Iván Márquez renuncia a su escaño en el Senado: "No me vayan a decir que soy un narcotraficante"

"¿Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador y que me vayan a decir que soy un narcotraficante? Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto. Prefiero dejar esa joda allá", ha dicho en una entrevista concedida al canal colombiano CM&.

Márquez se ha visto afectado por la detención de su antiguo compañero de armas 'Jesús Santrich', que fue detenido el pasado 10 de abril en Bogotá por una orden de Interpol emitida a petición de Estados Unidos, que le acusa de conspirar para introducir cocaína en el país después de la firma del acuerdo de paz en Colombia, el 24 de noviembre de 2016.

'Jesús Santrich', que está recluido en la cárcel bogotana de La Picota, está a la espera de que las autoridades colombianas decidan sobre su extradición a Estados Unidos. Hasta entonces, ha iniciado una huelga de hambre. Es su "última batalla" por el proceso de paz, ha declarado.

Según Caracol Radio, Marlón Marín, sobrino de Márquez, es testigo protegido de Estados Unidos en la causa contra 'Jesús Santrich'. Marín asegura que tiene pruebas que demostrarían que 'Jesús Santrich' dirige una organización dedicada al narcotráfico.

"No sé a quién se le ocurre que 'Jesús Santrich' está involucrado en narcotráfico (...) Eso se le ocurre a una mente enferma", ha apostillado Márquez, aunque sin aludir a su sobrino.

Por su parte, el ministro de Interior, Guillermo Rivera, ha lamentado en RCN Radio la decisión de Márquez y ha confiado en que "de aquí al 20 de julio se va a animar y va tomar posesión de su curul (escaño)". Rivera ha asegurado que los legisladores de las FARC "tienen todas las garantías" para hacer política desde el Congreso.

CRISIS DEL PROCESO DE PAZ

Márquez ha lamentado esta nueva crisis en el proceso de paz y ha instado al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a actuar para impedir que se desmorone. "Realmente hay muchas cosas que deben cambiar. Nosotros queremos hacer política para hacer los cambios", ha reivindicado.

Santos se reunió con la cúpula de las FARC nada más estallar el caso. "El acuerdo es muy claro: quien cometa un delito después de la firma será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. Esas son las reglas del juego", les dijo.

El Gobierno y las FARC acordaron una amnistía general para todos los delitos relacionados con el conflicto armado, a excepción de los crímenes internacionales --que no se pueden amnistiar-- y para ellos crearon la JEP, que contempla sanciones y penas más favorables que la justicia ordinaria.

La JEP se aplica a todos los actores del conflicto armado --guerrilleros, agentes del Estado y terceros que hayan colaborado de alguna manera en las hostilidades-- pero solo por los delitos más graves cometidos durante la guerra y hasta la firma del acuerdo de paz.