La Iglesia Católica de Burundi dice que "no es el momento oportuno para enmendar la Constitución"

Joachim Ntahondereye, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Burundi, ha señalado en su comunicado que los refugiados burundeses no participarán en la votación y que parte de la población tiene miedo a expresarse libremente.

"Este miedo es a menudo causado por algunos discursos, actitudes y comportamiento de algunos burundeses que usan la violencia o su autoridad para inhibir la libertad de expresión de sus opositores políticos", ha dicho, según ha informado el portal local de noticias Iwacu.

Por ello, ha subrayado que "todo ello eleva las preocupaciones sobre una enmienda a la Constitución en este contexto", al tiempo que ha resaltado que la democracia se ha visto minada en el país desde 2015.

"Hasta ahora no se ha encontrado una solución a este problema, ya que los esfuerzos del diálogo que debía unir (a los partidos políticos) no han tenido éxito", ha dicho Ntahondereye.

En este sentido, ha lamentado que "en lugar de unir a los burundeses, el trabajo que se ha llevado a cabo y el resultante proyecto constitucional parece haber exacerbado los desacuerdos".

"Dado que la política democrática establecida en nuestro país privilegia el voto, deseamos que el referéndum sea celebrado en paz y libertad, sin presiones. Deseamos que los burundeses voten libremente 'sí' o 'no'", ha remachado.

El referéndum incluye el aumento de años del mandato presidencial de cinco a siete, limitando a dos el número de mandatos. Sin embargo, las enmiendas no afectarían al actual mandatario, Pierre Nkurunziza, que lleva en el poder desde 2005 y podría volver a presentarse a las elecciones.

Dicha consulta, que también contempla la reintroducción del cargo de primer ministro y la reducción de dos a uno del número de vicepresidentes, podría permitir al presidente de Burundi volver a presentarse a los comicios a pesar de encontrarse ya cumpliendo un controvertido tercer mandato.

De aprobarse el referéndum, Nkurunziza podría ampliar su mandato hasta 2034 dado que las enmiendas no afectarían a los mandatos anteriores.

La tensión ha aumentado en el país desde 2015, cuando Nkurunziza anunció su controvertida decisión de seguir al frente del país durante un tercer mandato, lo que la oposición tildó de inconstitucional.

La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.

El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsis, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.

Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.

Desde 2015, más de 400.000 refugiados y solicitantes de asilo han abandonado el país huyendo del conflicto, los abusos de los Derechos Humanos y el deterioro de la situación humanitaria.