El Gobierno y las víctimas tratan de resucitar las circunscripciones especiales de paz en Colombia

El pasado 30 de noviembre, el último día del 'fast track' que permitía ahorrar trámites parlamentarios en lo relativo al acuerdo de paz, los senadores votaron 'in extremis' el proyecto de ley para dar vida las circunscripciones especiales y lo hicieron con un resultado confuso.

Solo 50 senadores dieron su visto bueno. Según los detractores del borrador, como el Senado cuenta con 102 escaños, este número de votos es insuficiente para considerar aprobado el proyecto de ley, porque se necesita un mínimo de 53. Sin embargo, el Gobierno esgrime que, dado que ese día había tres senadores suspendidos, la mayoría simple (la mitad más uno) debía calcularse con los 99 presentes, con lo que 50 es margen suficiente.

El Gobierno ha acudido al Consejo de Estado y a la Justicia para respaldar su teoría. El ministro de Interior, Guillermo Rivera, ha presentado este martes una declaración ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para subsanar un error en la acción judicial iniciada esta semana y permitir que el caso prospere.

Por su parte, el líder indígena Robinson López, víctima del conflicto y aspirante a la circunscripción especial de paz por el departamento de Putumayo, ha pedido la tutela del Tribunal Superior de Cundinamarca para que, como medida cautelar, permita al Congreso que envíe la ley al presidente, Juan Manuel Santos, para que la sancione, y a la Corte Constitucional, para que la revise.

"Las víctimas nos merecemos respeto y participación en los escenarios de debate, como es el Congreso. Por eso coloqué la tutela. Estaba en juego el escenario de la vida política", ha explicado López, en declaraciones al diario colombiano 'El Espectador'.

SUSTITUTO DEL 'FAST TRACK'

Por otro lado, el ministro de Interior ha anunciado este martes que el Gobierno recurrirá al "mensaje de urgencia", un procedimiento parlamentario, para sustituir al 'fast track' y acelerar así la conversión de los acuerdos de paz en ley, especialmente con el horizonte electoral de 2018.

El acuerdo de paz abarca 300 páginas con 558 medidas concretas de las cuales solo se han implementado el 17 por ciento, según el informe del Instituto Krock, designado por el Gobierno y las FARC para analizar el cumplimiento de los textos negociados durante cuatro años en La Habana.

Colombia celebrará elecciones presidenciales y parlamentarias en 2018 --las primeras en las que podrán participar las FARC como partido político-- y Santos pretende dejar blindado el acuerdo de paz antes de que tenga que abandonar la Casa de Nariño, el próximo agosto.

El ex presidente Álvaro Uribe y su partido, el Centro Democrático, consideran que el Estado colombiano ha claudicado ante las FARC con este acuerdo de paz y han anunciado que, de ganar, ya sea la Presidencia o en el Congreso, lo revocarán para buscar un pacto mejor.