La Fiscalía critica el examen preliminar en el TPI sobre Venezuela porque se basa en información "sesgada"

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha criticado la decisión que ha tomado este jueves el Tribunal Penal Internacional (TPI) de abrir un examen preliminar por la violencia empleada en las manifestaciones opositoras del año pasado y supuestos malos tratos a detenidos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por considerar que se basa en información "sesgada".

La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, ha anunciado la apertura de un examen preliminar sobre los hechos ocurridos en Venezuela desde abril de 2017, cuando comenzaron las protestas multitudinarias contra el Gobierno de Nicolás Maduro, por el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los uniformados los "abusos y malos tratos" que habrían sufrido los detenidos, ya que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Según ha explicado la propia Bensouda, ha decidido dar este paso tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" de la corte de La Haya.

Saab ha denunciado que "la información que maneja la fiscal jefe del TPI pareciera sesgada, pues no ha tenido la oportunidad de comunicarse (con las autoridades venezolanas) para saber sobre la judicialización de los hechos de violencia suscitados en el país".

El jefe del Ministerio Público ha indicado que tiene en su poder, y a disposición del TPI, "documentación que demuestra que se han atendido los casos". "Se han efectuado informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones por estos hechos de violencia y estamos dispuestos a demostrar tales argumentos", ha recalcado.

Saab ha reiterado la voluntad del Estado venezolano de "castigar a quienes violen los Derechos Humanos y no permitir la impunidad". En este sentido, ha destacado que "gracias a acciones conjuntas con el Gobierno se logró que se prohibieran las armas de fuego durante las manifestaciones" opositoras de 2017.

En cualquier caso, ha recordado al TPI que "deben actuar de forma complementaria", es decir, "cuando los casos no hayan sido judicializados" en el propio país y ha incidido en que en Venezuela las autoridades judiciales sí han actuado.

"UNA VICTORIA"

Sin embargo, los críticos con el Palacio de Miraflores han recibido la decisión del TPI como una medida de presión que podría empujar a Maduro a adoptar decisiones a las que hasta ahora se ha resistido para mejorar la situación en la nación caribeña.

"Saludamos el inicio de un examen preliminar en el TPI sobre crímenes de lesa humanidad", ha dicho la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, que el pasado 16 de noviembre aportó "más de 1.690 pruebas que sustentan el caso" contra Maduro y su Gobierno en La Haya.

El abogado español Javier Cremades, que forma parte de la defensa internacional del líder opositor Leopoldo López, ha considerado que se trata de "una victoria para todos aquellos que están denunciando que el régimen de Maduro está cometiendo torturas, detenciones ilegales y otros atropellos de los derechos fundamentales".

Cremades ha valorado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de "un primer paso para volver a garantizar la libertad y los Derechos Humanos en Venezuela" y que, "si el procedimiento sigue adelante, podría acabar con Maduro en la cárcel, tal y como hemos visto con algunos genocidas de la guerra de los Balcanes".

En la misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Jose Miguel Vivanco, ha indicado que permitirá "intensificar la presión sobre las autoridades venezolanas para que pongan fin a las violaciones de Derechos Humanos en el país y para que los responsables de abusos sean llevados ante la Justicia".

"El Poder Judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones del TPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente", ha señalado. "Está enviando un mensaje contundente de que está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro", ha apostillado.

HRW también remitió el pasado mes de noviembre al TPI su propio informe sobre Venezuela, según el cual "los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas". "Aunque esta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela", afirma la ONG.