Un tribunal de Bahréin aplaza hasta el 31 de octubre el veredicto contra el activista Nabil Rayab

Asimismo, pesan contra él cargo por "difundir rumores en el extranjero para dañar el prestigio del Estado" por un editorial publicado en el diario estadounidense 'The New York Times'.

El Centro por los Derechos Humanos de Bahréin (BCHR), organismo que preside Rayab, ha expresado su "profunda preocupación" por el hecho de que el activista vaya a volver a prisión a la espera de juicio, resaltando que su estado de salud se encuentra deteriorado.

"El aplazamiento del veredicto tiene lugar tres días después de que Rayab fuera intervenido para extirparle la vesícula biliar", ha recalcado en su comunicado.

"Rayab ha pasado 115 días detenido desde su arresto el 13 de junio. En este tiempo ha sufrido malos tratos por parte del personal de la prisión, ha vivido en condiciones anti higiénicas y ha permanecido en aislamiento durante un largo periodo", ha denunciado.

Rayab lleva en la cárcel desde junio por unas declaraciones publicadas en Twitter el año pasado en las que criticaba al Gobierno y acusaba a las fuerzas de seguridad de haber torturado a varios prisioneros.

El activista fue uno de los principales símbolos de la sublevación a favor de la democracia liderada por la mayoría chií del país en 2011 y, desde entonces, ha sido detenido en múltiples ocasiones.

En el editorial en el citado diario estadounidense aseguró que Bahréin es un país que "somete a su gente a prisión, tortura e incluso muerte por el mero hecho de atreverse a desear la democracia". El texto fue escrito desde la cárcel.

Las autoridades del país niegan los abusos sistemáticos por parte de la Policía y alegan que se han instalado cámaras en los centros de interrogatorios para vigilar cualquier mala conducta del personal de seguridad.

LAS PROTESTAS PRODEMOCRÁTICAS

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.

En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.