Amnistía denuncia que un cuarto de los países firmantes del Tratado sobre el Comercio de Armas vulneran el acuerdo

Al menos un cuarto de los países que firmaron el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que entró en vigor en 2014, no cumplen las obligaciones establecidas en el acuerdo, según ha denunciado Amnistía Internacional, que ha alertado de que muchas de las naciones siguen desarrollando actividades comerciales relacionadas con la compraventa de armas y equipamiento militar.

Algunos de los países firmantes del TCA han rechazado someterse al escrutinio público sobre la transferencia de armas y no cumplen con la obligación de presentar informes al respecto, tal y como se había establecido, según ha señalado Amnistía con motivo de la segunda conferencia del TCA, que se celebra esta semana en Ginebra.

En 2015, España exportó armas a Colombia, Egipto, Irak y la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, entre otros, lo que podría poner en peligro la vida de miles de civiles, según la organización, que ha instado a los diferentes países a garantizar que el TCA cumpla con su cometido de proteger los Derechos Humanos frente a las consecuencias del comercio internacional de armas.

"El TCA ofrece la posibilidad de salvar millones de vidas, por lo que resulta especialmente alarmante que los Estados que lo han firmado y ratificado parezcan pensar que pueden seguir suministrando armas a aquellas fuerzas que saben que están cometiendo crímenes de guerra", ha manifestado Brian Wood, director de Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

"Es terrible que sigan concediendo licencias de exportación incluso cuando existe un riesgo notable de que dichas armas contribuyan a graves violaciones de Derechos Humanos", ha añadido. "Debe haber tolerancia cero para los gobiernos que crean que pueden limitarse a cumplir el TCA sólo un poco. Es necesaria una mayor implementación", ha instado Wood.

TRANSFERENCIAS POCO ESCRUPULOSAS

Según Amnistía, Estados Unidos, que firmó el TCA, así como algunos Estados miembros de la Unión Europea que lo han ratificado, como Bulgaria, Chequia, Francia o Italia, han seguido transfiriendo munición, armas de pequeñas dimensiones, vehículos blindados y material policial a Egipto a pesar a la brutal represión por parte de las autoridades del país contra los disidentes.

En 2014, Francia concedió licencias de exportación que incluían vehículos blindados Sherpa, el mismo modelo utilizado por las fuerzas de seguridad egipcias durante la masacre de Rabaa en 2013. Según ha denunciado Amnistía, las armas proporcionadas por los signatarios del TCA han seguido alimentando diversas guerras civiles. En 2014, Ucrania aprobó la exportación de 830 ametralladoras ligeras y 62 ametralladoras pesadas a Sudán del Sur.

Según varios informes, en 2015, seis meses después de firmar el TCA, las autoridades ucranianas concedieron una licencia de exportación para suministrar a Sudán del Sur helicópteros de ataque Mi-24 operativos. Tres de esos helicópteros de ataque están siendo utilizados actualmente por las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur.

"Al firmar el TCA, el Gobierno de Ucrania acordó no emprender ninguna acción que minara el objeto y el propósito del tratado, lo cual incluye garantizar que no se transfieran armas si se sospecha que puedan ser utilizadas para atacar a civiles", ha aseverado Wood.

"Resulta difícil entender la decisión de Ucrania de exportar armas a Sudán del Sur, donde están muriendo civiles que se encuentran refugiados en hospitales y lugares de culto, viviendo bajo la protección de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU", ha explicado Wood.

En 2015, España negó varias licencias de exportación de gas lacrimógeno a Egipto, pero autorizó ventas de material de defensa por valor de 124,6 millones de euros, según Amnistía. Además, el Gobierno exportó armas valoradas en más de 106 millones, incluidos 226.000 euros en municiones, 2 millones en vehículos y 102 millones en aviones.

FALTA DE INFORMES

La constante falta de informes por parte de algunos países sobre los detalles de sus importaciones y exportaciones de armas constituye una violación del tratado, que exige dos informes específicos: un informe inicial sobre las medidas adoptadas para implementar el tratado y un informe anual sobre las exportaciones autorizadas o reales de armas.

Amnistía Internacional ha observado que el 27 por ciento de las naciones no ha presentado ni el informe inicial de implementación ni el informe anual y que algunos países han elegido que los informes sean confidenciales, como Moldavia y Eslovaquia.

"Que los gobiernos puedan aún optar por ocultar los datos de sus exportaciones de armas hace prácticamente imposible que los parlamentos, los medios de comunicación y la sociedad civil evalúen si se están cumpliendo los objetivos clave en materia de Derechos Humanos", ha zanjado Wood.

En Estados Unidos, el Departamento de Estado ha aprobado varias ventas de material militar y apoyo logístico a Arabia Saudí por valor de más de 24.000 millones de dólares. Según datos oficiales, entre 2011 y 2015 España exportó armas a Arabia Saudí por un valor de 1.198,9 millones de euros. El Gobierno español aseguró en su informe anual de exportaciones de 2015 que "todas las licencias relativas a munición fueron acompañadas de certificados que incluían estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país de destino".