El exsecretario general de la Fundación García Lorca acepta dos años de prisión con suspensión por estafar 2 millones

El exsecretario general la Fundación Federico García Lorca Juan Tomás Martín ha aceptado este jueves una pena de dos años de prisión con posible suspensión de la condena al reconocer que estafó casi dos millones de euros alterado en su beneficio sus honorarios profesionales, desviando dinero que se recibía como subvenciones de distintas administraciones.

Así lo ha hecho tras mostrarse conforme en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid con el acuerdo de conformidad alcanzado por su defensa con el fiscal, el abogado del Estado y la representación legal de la fundación.

De este modo, se le ha rebajado a dos años la pena de cinco años de cárcel que solicitaba el fiscal por un delito continuado de estafa, así como la multa de 10 meses a razón de 50 euros diarios (15.000 euros) a seis meses a razón de 3 euros (540 euros).

El alcance de la estafa fue sonado ya que el acusado desvió fondos aportados por las Administraciones como la Junta de Andalucía o el Ministerio de Hacienda hacia sus empresas. El dinero estaba destinado a la construcción del Centro García Lorca, situado en Granada. Lo desviaba a través de facturas falsas a cargo de la fundación.

El presidente de la Sección Quinta, Arturo Beltrán, ha propuesto al acusado suspender la pena de prisión si devuelve la cantidad estafada, cantidad que se le reclama a través de la indemnización económica que debe pagar a la fundación.

A la salida del juicio, la presidenta de la Fundación García Lorca, Laura García-Lorca de los Ríos, ha manifestado que está "satisfecha" a medias, ya que a su juicio es "el mejor resultado" al que se podía haber llegado.

En su escueta declaración, el que fuera secretario de esta fundación ha reconocido la estafa y se ha limitado a mostrarse conforme con el acuerdo pactado. El presidente del Tribunal le ha mostrado su alegría con el acuerdo para evitar que fuera a prisión y quedara en "un olvido".

ESTAFA

Según los hechos, Juan Tomás firmó con la fundación un acuerdo para prestar un servicio de asesoramiento técnico y una coordinación estratégica para el proyecto "Centro Federico García Lorca". Los honorarios por su trabajo se fijaron en el 4 por cierto sobre el total de las ayudas aprobadas para realización del proyecto.

Más tarde, modificó el acuerdo y elevó sus honorarios hasta el 15 por ciento respecto de las ayudas aprobadas. Incluso añadió un párrafo que decía literalmente: "asimismo, en caso de que Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento realice otras actividades no comprendidas en el presente contrato, ésta presentará sus correspondiente factura que deberá ser abonada en el mismo términos que los establecidos en el presente acuerdo".

La Fundación Federico García Lorca recibió de distintas instituciones una subvención total por alrededor de 19.000.000 euros por lo que, según el contrato firmado, hubiera tenido que percibir 748.465,60 euros si se aplicara el porcentaje del 4 por ciento.

Sin embargo Juan Tomás facturó "indebidamente" a la Fundación 2.566.788,44 euros, esto es, la cantidad de dinero equivalente a la aplicación del 15 por ciento de las ayudas recibidas.

Por lo tanto, la Fiscalía sostiene que el acusado incorporó indebidamente a su patrimonio 1.818.322,84 euros a través de las facturas emitidas por la sociedad de la que era administrador con cargo a la Fundación Federico García Lorca.

Dicha cantidad de dinero fue abonada por la Fundación al acusado "en la creencia de que correspondían con los honorarios estipulados en el contrato (...) habiendo realizado el propio acusado las transferencias para abonar las facturas, abusando de la confianza que la Fundación tenía depositada en él".