La viuda del militar Pedro Antonio Blanco: "La bomba estalló en el centro de mi hogar"

El testimonio de esta madre ha provocado un inmenso silencio en la Sala de la Audiencia Nacional que celebraba el juicio contra Iván Apaolaza, Ana Belén Egües, Juan Luis Rubenach, Javier Abaunza y Gorka Palacios. Se enfrentan a penas de entre 9 y 129 años de cárcel por presuntos delitos de asesinato terrorista, otros tres en grado de tentativa, dos de estragos, dos robos de vehículo a motor y falsificación de documento oficial.

La mayoría de acusados ha rechazado participar en el juicio, mientras que el presunto etarra Iván Apaolaza ha afirmado no encontrarse en Madrid en la fecha del atentado y ha añadido que abandonó esta ciudad al sentirse "inquieto y agobiado" por la presencia policial y las medidas de seguridad adoptadas por los miembros del comando con los que coincidía.

Esta versión ha sido secundada por la exportavoz de los presos etarras, Ana Belén Egües, que ha suscrito que Apaolaza solo viajó a Madrid durante octubre y noviembre de 1999 para "conocer la ciudad". "Se sentía vigilado por la manera de vivir que habíamos decidido llevar y su propia inseguridad afectaba a la nuestra. En esas condiciones no podía estar ahí", ha agregado.

Poco después ha llegado el turno de varios agentes, que han recordado la "bola de fuego", el "caos" y la "gran explosión" que rodeó el coche-bomba que localizaron con "lo que parecía ser el cuerpo de una persona". Tras ellos, las palabras de la viuda del teniente coronel han dejado mudos al tribunal y a todos los presentes, incluidos a los acusados y a los familiares y amigos de los terroristas que asistían como público.

"NO HEMOS VUELTO A SER LOS MISMOS"

"No hemos vuelto a ser los mismos", ha dicho Concepción Martín, para recordar que su hija "olvidó su pubertad" pero logró recomponerse con mayor facilidad que su hijo. "¿Cómo va a contar un niño de diez años a su compañero de colegio la barbaridad que ha pasado?. Ese niño fue transformando su conducta y mi hijo no fue capaz de salir adelante", ha expuesto.

Concepción ha recordado que "luchó" por él, se cambió de barrio e invirtió todo el dinero de su familia en trasladar a su hijo a un colegio internacional en Suiza para que conviviera con "otras razas y otras religiones". "Fue una solución pero sigue siendo un individuo que tiene una desconfianza en el ser humano", ha agregado.

La testigo ha lamentado cómo la organización terrorista ha buscado la "ruina" de su familia y ha recordado que llevaba 23 años casada con su marido, quien iba a trabajar vestido de paisano y extendió las medidas de seguridad a su familia. "Me compró una linterna para que mirara debajo del coche. Mis hijos se adoptaron a esa vida, éramos una familia normal", ha agregado.

En la vista oral, también han comparecido los vecinos que alquilaron los pisos a los etarras para apuntar que les identificaron cuando sus fotografías salieron en prensa y que los inquilinos se hacían pasar por profesores, "viajantes" o trabajadores del campo de la tecnología. "Fui engañado totalmente", ha precisado uno de los propietarios.

En el juicio sí ha declarado la etarra Ana Belén Egües, con penas milenarias en su historial, e Iván Apaolaza para suscribir que en la fecha de los hechos se encontraba en Francia a la espera de que el aparato de falsificación le proporcionara un pasaporte para trasladarse a Canadá, donde fue detenido en 2007.

La fiscal Teresa Sandoval pide además de las penas de cárcel, una indemnización de 250.000 euros para la viuda del teniente coronel y de 150.000 para cada uno de los hijos de la víctima. Solicita indemnizaciones de entre 2000 y 10000 euros para los tres heridos, uno de ellos era un menor de 14 años en el momento de los hechos.