VOX pide al juez del Supremo que vuelva acordar la prisión de los seis exconsejeros catalanes puestos en libertad

La acusación popular ejercida por VOX en la causa abierta contra el exGovern de Carles Puigdemont por los hechos relacionados con el denominado 'procés' ha presentado este martes un recurso ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena pidiendo que vuelva acordar la prisión de los seis exconsejeros catalanes que fueron puestos en libertad tras abonar una fianza de 100.000 euros.

También, ha presentado otro escrito similar contra la decisión de dejar libre a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tras pagar 150.000 euros porque, según dice, mintió en su declaración en la que acató el artículo 155 de la Constitución.

Según ha informado la acusación en un comunicado, los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Turull y Josep Rull deben continuar en prisión porque, a su juicio, sigue existiendo riesgo de fuga, reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.

Aunque la Fiscalía se opuso el pasado 1 de diciembre, día en el que declararon los investigados, a que se modificase su situación de prisión incondicional al considerar que se daban estas circunstancias, no ha recurrido la decisión del magistrado tres días más tarde. El juez Llarena puso en libertad a estos seis exconsejeros, mientras que acordó mantener en prisión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquim Forn y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

"BASE LOGÍSTICA" EN BÉLGICA

VOX señala en su recurso que los investigados ya en libertad pueden huir ya que "cuentan con la base en Bélgica", donde se encuentra huido el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exmiembros del Govern, que está "nutrida de cuantiosos recursos, financiación y apoyos logísticos". Además, recalca que muestra de estos recursos es la "celeridad y facilidad" con la que los querellados han aportado sus respectivas fianzas y, que por tanto, se demuestra que se puede dar "una fuga internacional como la protagonizada por sus compañeros huidos".

En este sentido, el recurso se apoya en el razonamiento que plasmó la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en los autos con los que acordaba el envío a prisión de nueve exconsejeros. La magistrada aseguró que estas personas "vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la Justicia".

Para Vox, esa "base" en Bélgica también justifica el riesgo de destrucción, alteración y ocultación de pruebas. "No resulta especulativo, sino muy lógico suponer" que los investigados pueden apoyarse en la "base logística y operativa belga" para "destruir u obstaculizar", junto a Puigdemont y los otros exconsejeros, "la obtención de la documentación relativa al llamado 'procés' constituyente de la llamada república catalana, que con toda probabilidad han trasladado a dicho país", insiste la acusación.

ACCESO DE NUEVO A DOCUMENTACIÓN INCAUTADA

Recuerda el escrito que, aunque ya no estén al frente de sus respectivos cargos y consejerías, "volverán a tener acceso nuevamente" a toda la documentación incautada por la Policía Judicial durante los registros en domicilios y despachos particulares, "incluso cajas de seguridad a las que solo tendrán acceso para su ocultación, destrucción o manipulación una vez están en libertad".

"Es un grupo organizado de forma metódica y minuciosa (...) y dividido en varios subgrupos de cara a dar una respuesta diversa pero coordinada a la instrucción judicial", el riesgo de destrucción de pruebas es idéntico en unos y otros, puesto que todos ellos actúan en concierto y apoyándose entre sí en las diversas áreas de una actuación delictiva organizada", añade.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, VOX ve este indicio en las participaciones de estos investigados en los diversos mitines electorales para los comicios del próximo 21 de diciembre y porque han expresado "su voluntad de seguir adelante con la secesión de Cataluña de uno u otro modo". Indica en el recurso que "muestra evidente de ello es el apoyo expreso, personal y público que los investigados, a los que se les ha facilitado la libertad provisional bajo fianza, han mostrado a los que se encuentran fugados".

Por otro lado, la acusación popular ha presentado este martes otro recurso solicitando la revocación de la libertad de Forcadell, investigada también en esta causa por facilitar los debates parlamentarios que culminaron con la declaración unilateral de independencia (DUI) y puesta en libertad tras abonar una fianza de 150.000 euros. Según VOX la presidenta de la cámara parlamentaria ha incurrido en fraude procesal e intencionalidad de reiteración delictiva.

FORCADELL MINTIÓ EN SU DECLARACIÓN, SEGÚN LA ACUSACIÓN

Los abogados de VOX explican en su escrito que el juez Pablo Llarena acordó la libertad bajo fianza de Forcadell porque ésta manifestó que renunciaba a los "objetivos golpistas, que acataba el artículo 155 de la Constitución, que la declaración de independencia era meramente 'simbólica' y que no tenía intención ninguna de continuar con la actividad delictiva de rebelión y sedición contra el Estado".

Para la acusación, Forcadell "ha mentido" en su declaración ante el juez instructor y "no tiene la más mínima voluntad ni intención de renunciar a la reiteración delictiva de la rebelión sediciosa" porque integra las listas de ERC para los comicios catalanes, partido, que según señala el recurso, en cuyos estatutos manifiesta que el objetivo principal es "lograra la independencia de la nación catalana".

Por último, VOX ha mostrado su conformidad con la decisión del magistrado de mantener en prisión a Junqueras, a Forn y a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart al entender que persiste en ellos el de reiteración delictiva. El juez Llarena dio vital importancia al documento denominado 'Enfocats', que fija la hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña, en el que se señala la existencia de un "comité estratégico", en el que participaron estos cuatro investigados.

El magistrado destacó que este conjunto desempeñó una función "definitoria" de cómo llevar a término las actuaciones del 'procés', así como la "violencia y tumultos" que constituyen la esencia de los delitos investigados.