La Unión Progresista de Fiscales ha lamentado la "falta de perspectiva de género" de la reforma del Código Penal

"Creemos que los feminicidios han de ser tipificados y castigados como tales", ha manifestado la asociación en un comunicado difundido con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer. Con este texto la UPF ha querido "hacer hincapié" tanto en "el derecho de las mujeres a ocupar los espacios públicos y privados en condiciones de seguridad" como en la "representación paritaria de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones".

Respecto a la primera de las cuestiones, ha recordado que la "lacra" de la violencia machista "tan solo en los dos primeros meses del 2017 se ha cobrado ya un total de 21 víctimas mortales". Ha asegurado que la reforma del Código Penal desoyó, "entre otras", las prescripciones del Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, al no incluir esta circunstancia en la redacción de los tipos específicos.

Como consecuencia, la motivación de género únicamente se puede introducir a través de la apreciación de la circunstancia agravante genérica del artículo 22.4 de la norma, "con las dificultades probatorias que la misma conlleva".

La UPF ha señalado además la "necesidad" de avanzar en la protección de las víctimas, mediante, entre otras medidas, la implementación de las Unidades de Valoración Integral Forense en todas las Comunidades Autónomas "dotadas con profesionales debidamente formados y en número suficiente", y la promoción de la aplicación del Protocolo Médico Forense de Valoración del Riesgo.

"Asimismo, resulta imprescindible la adecuada protección de los menores como víctimas también de la violencia de género", ha añadido.

TECHO DE CRISTAL EN LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL

En cuanto al llamado "techo del cristal", la asocización ha insistido en que la igualdad de ambos géneros en puestos "de toma de decisiones" es "indicador privilegiado de la calidad democrática de los países", y ha señalado que "las carreras judicial y fiscal no escapan a esta realidad de infrarrepresentación femenina".

Ha destacado que, por ejemplo, en el Tribunal Supremo un 12% de sus magistrados son mujeres, y ninguna mujer ostenta una Presidencia de Sala; y que un solo Tribunal Superior de Justicia está presidido por una magistrada y son únicamente nueve las Audiencias Provinciales que tienen una presidenta mujer.

En cuanto a la Carrera Fiscal, a pesar de que el 63% de sus miembros son mujeres, en 2016 "tan solo" ostentaban el 28% de los cuadros directivos, "situación que, lejos de resolverse con el natural paso del tiempo, va enquistándose a través de un marcado carácter descendente en representación femenina", ha reiterado.

Para la UPF es "imprescindible" para "resolver este desequilibrio" la adopción de "medidas efectivas" para la conciliación de la vida personal, familiar y profesional "que no supongan solamente asistir a la mujer en la compatibilización del trabajo productivo y reproductivo, sino que además avancen hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las labores de cuidado, trascendiendo roles y estereotipos de género".

En este sentido, ha considerado "imperioso" el desarrollo reglamentario del artículo 52 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en materia de permisos y licencias de maternidad, paternidad y para la conciliación de la vida familiar y profesional "respetuosos con aquellos principios y con la existencia de otros tipos de familia distintas del modelo tradicional".

Finalmente, la asociación ha subrayado la "vital importancia" de la transparencia en los nombramientos discrecionales "para identificar la posible existencia de un sesgo de género en los mismos que abunde en la señalada infrarepresentación de las mujeres".

"Sólo mediante la publicidad de los currículos de los y las candidatas y la motivación suficiente de las decisiones podremos comprobar que las designaciones para los cargos responden únicamente a los principios de mérito y capacidad consagrados en el artículo 103.3 de la Constitución, y que los citados sesgos de género no han supuesto la relegación de una candidata más meritoria", ha defendido.