El TC decide hoy si excarcela a Sánchez mientras estudia su recurso por la prisión que dictó contra él la juez Lamela

Esta pieza de suspensión de la medida cautelar está vinculada al recurso de amparo que presentó Sánchez y que el tribunal de garantías admitió a trámite el pasado 5 de febrero. En un escrito que remitió al TC este martes, el nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat solicita que en atención a esta nueva circunstancia se reconsidere la posibilidad de suspender la medida acordada por la juez Lamela, y que se haga antes del pleno de investidura fijado en el Parlament para el próximo lunes.

Por esta razón, según las fuentes consultadas, los magistrados han decidido avocar este asunto a Pleno, si bien es bastante probable que se vote en contra de la excarcelación del candidato. La sentencia sobre el fondo de las alegaciones realizadas por Sánchez contra las decisiones de la juez de la Audiencia Nacional se dejará para más adelante.

En su recurso -similar al presentado también contra su prisión por el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart - Sánchez denunciaba que el ingreso en la cárcel causó vulneración de varios de sus derechos, entre ellos el de participación política en las elecciones del pasado 21 de diciembre. No obstante, el activista salió elegido diputado como número dos de la lista de Carles Puigdemont.

Argumentaba igualmente en su recurso vulneración de su derecho a un juez ordinario por haber asumido la Audiencia Nacional el caso -en momento de interposición de este recurso, el pasado noviembre, el asunto aún no había sido asumido por el Tribunal Supremo-, lo que denuncia como una vulneración clara de la normativa procesal por falta de competencia de este órgano para juzgar supuestos delitos de sedición y rebelión.

También argumenta la defensa una vulneración de garantías procesales por el hecho de que la magistrada Carmen Lamela no fundamentara debidamente los motivos para el ingreso de Sànchez en la prisión de Soto del Real, donde permanece el pasado 16 de octubre. Señalaba que se esgrimieron motivos no alegados por el fiscal en la declaración, como el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.