El TC declara inconstitucional el control de las subvenciones en Cataluña mediante la Base de Datos de Subvenciones

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado de forma parcial el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra un artículo concreto de la Ley General de Subvenciones relativo al inciso "por conducto" de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

El Gobierno catalán cuestionaba la injerencia de este órgano estatal en la tramitación de las convocatorias de subvenciones del mismo; esto es, la necesaria intermediación de dicho órgano "por conducto" del cual se debe dar traslado de un extracto de la convocatoria al diario oficial correspondiente para su publicación.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, explica que "si el interés del Estado en la publicidad y transparencia de las subvenciones justifica el deber de comunicación de la BDNS, lo que ese interés no precisa ni demanda es la necesaria intermediación del órgano estatal, de modo que sea éste el que deba remitir al boletín oficial el extracto de la convocatoria para su publicación".

Por tanto, el fallo argumenta que "desde una perspectiva autonómica esa necesaria intermediación de un órgano del Estado sí puede producir ciertas perturbaciones en el funcionamiento de su Administración" como, por ejemplo, el inevitable retraso de la publicidad de la convocatoria exigida por la Ley General de Subvenciones.

Por ello, el tribunal de garantías declara la inconstitucionalidad del inciso que expone que 'la BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto de la convocatoria para su publicación, que tendrá carácter gratuito'. Este se integra en el artículo 30. 3 de la Ley General de Subvenciones 38/2003.

El punto 3 del citado artículo recoge que los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio y también mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

LAS CC.AA, EXENTAS DE LAS MULTAS COERCITIVAS

El recurso también impugnaba la inconstitucionalidad del artículo 30.7 y 9 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Concretamente, la parte relativa a las consecuencias derivadas del incumplimiento de la obligación impuesta a las comunidades autónomas de comunicar ciertos datos de las subvenciones gestionadas a la BDNS (anulabilidad de la convocatoria y posibilidad de que el Estado pueda imponer multas coercitivas a los órganos autonómicos).

Al respecto, la resolución razona que "la potestad para imponer multas coercitivas a autoridades autonómicas aquí enjuiciada no es propiamente una técnica de control jerárquico ni tampoco un control genérico e indeterminado, pero sí excede claramente de los límites señalados en la doctrina señala por el Tribunal Constitucional, por lo que sitúa a las comunidades autónomas en una situación de subordinación incompatible con su autonomía constitucionalmente garantizada y con sus competencias".

Por ello determina que los apartados 7 y 9 del artículo 30 de la citada ley "no son inconstitucionales en el sentido de que las multas coercitivas a que los mismos se refieren no pueden imponerse a las comunidades autónomas".

Tampoco da la razón a la Generalitat en lo que se refiere a su impugnación del artículo 23 de la Ley 10/1990 del 15 de octubre del Deporte. El motivo de la controversia se centraba en el establecimiento de una licencia deportiva única para la participación en cualquier competición deportiva oficial y con efectos en los ámbitos estatal y autonómico.

El tribunal explica que la redacción de dicho precepto "no es inconstitucional interpretado en el sentido de que se refiere exclusivamente a las competiciones oficiales de ámbito estatal". Por tanto, "el precepto impugnado se acomoda al orden constitucional de distribución de competencias".

NOTIFICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOE

El gobierno catalán también recurrió los artículos 25 y 26 de la Ley 15/2014, que modifican respectivamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los que se exige en ambos casos que la notificación de anuncios se haga en el Boletín Oficial del Estado como "tablón edictal único".

La sentencia desestima el recurso porque "el ámbito del artículo 68.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña es, en cuanto a actos administrativos se refiere, el de aquellos que necesariamente han de ser objeto de publicación por tener por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas".

Por el contrario, para el Tribunal Constitucional, el ámbito propio de la reforma es el de la "notificación edictal", que se produce "cuando los interesados en un procedimiento, a quienes debe notificarse personalmente un acto dictado en su seno son desconocidos, se ignore el lugar de la notificación (*) o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar. En estos casos, los preceptos impugnados ordenan que esa notificación se haga por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado".