Los familiares desheredados impugnan el testamento de una joven con discapacidad psíquica y pierden

El Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias y ha validado el testamento otorgado en un notario por una joven nacida en 1993 y con discapacidad intelectual en favor de dos familiares, una prima y la hija de ésta, que fueron las que la cuidaron, contra la impugnación realizada por otros familiares.

El primer testamento, que incluía la propiedad de una finca llamada "El Conde" en Asturias, fue otorgado antes de la sentencia de modificación judicial de la capacidad de la mujer, mientras que el segundo se hizo con posterioridad a la sentencia que había sometido a ésta a la figura de la 'curatela' para la realización de actos de disposición, sin referencia expresa a la facultad para otorgar testamento.

La sentencia del alto tribunal recuerda que la finalidad de las normas que regulan la capacidad para otorgar testamento es garantizar la suficiencia mental del testador respecto del propio acto de testar y considera que, con independencia de cuál sea la causa de la discapacidad que da lugar a la modificación de la capacidad de obrar, la ley ofrece un cauce para que la persona con la capacidad modificada judicialmente pueda ejercer la facultad de testar.

Así, puede otorgo testamento conforme a este precepto una persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD

Se basa, para ello, en el principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento y ha quedado reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que implica que no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.

En este caso concreto, y tras tras la valoración de todas las pruebas, no había quedado probado que la testadora careciera de capacidad para testar, ya que no que no existía pronunciamiento previo en la sentencia de incapacitación y el notario se aseguró que, a su juicio, la testadora tiene la capacidad legal necesaria, contando con el juicio favorable de dos facultativos.

La sentencia recurrida había valorado, además, junto a la opinión profesional del notario y de la médica de cabecera que atendió a la testadora durante catorce años, otro tipo de pruebas, como lo manifestado por la testadora en el previo procedimiento de modificación de su capacidad, la realización de otros actos jurídicos antes y después de la modificación judicial de la capacidad y la coherencia de la voluntad de dejar sus bienes a las personas que le prestaron su apoyo y en quien confiaba frente a la reclamación de otros familiares, como era su cuñada.