El juez del Supremo rechaza volver a encarcelar a los seis exconsejeros catalanes en libertad

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado revocar su decisión de dejar en libertad a los seis exconsejeros catalanes tras pagar las fianzas de 100.000 euros, tal y como solicitó la acusación popular VOX en un recurso.

En un auto, el juez del alto tribunal desestima el recurso presentado por VOX y explica que no se ofrecen "razones que desvirtúen los fundamentos" manifestados en el auto del pasado 4 de diciembre en el que el magistrado Llarena dejó en libertad a Raül Romeva, Meritxell Borrás, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Carles Mundó.

Según VOX, existe un riesgo de fuga, reiteración delictiva y de destrucción de pruebas para los seis exconsejeros catalanes y subrayó que se podían marchar a Bruselas (Bélgica) con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, donde se ha establecido una "base nutrida de cuantiosos recursos, financiación y apoyos logísticos".

El magistrado acepta la petición de la Fiscalía, que se opuso a que los investigados volviesen a prisión y afirma lo mismo que dijo el Ministerio Público en su escrito: que el "tiempo de permanencia" de los investigados y la "posterior modificación de su posición procesal" no ha sido "aprovechado" por los exconsejeros para "dirigir o materializar actuaciones de fuga, reiteración en el delito o destrucción del acervo probatorio".

EL RIESGO DE FUGA HA QUEDADO "DESDIBUJADO"

La Fiscalía se mostró de acuerdo con el juez Llarena sobre el riesgo de fuga y la reiteración delictiva. Sobre el primero, el Ministerio Público considera que ha quedado "desdibujado" por el "profundo arraigo" de los investigados.

En cuanto a la posibilidad de volver a incurrir en los delitos investigados -rebelión, sedición y malversación de fondos públicos-- el Ministerio Público destacó que la "intensidad" de la "pronosticable perseverancia" en el delito es "diferente" respecto a los antiguos miembros del Govern de Carles Puigdemont excarcelados.

"En lo que atañe al riesgo de neutralizar o alterar pruebas, no parece que sea compatible con la adopción de las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 ni que las personas investigadas afectas por el recurso hayan podido adoptar y adopten en el futuro decisiones orientadas a la destrucción del acervo probatorio", explicó la Fiscalía.