La ex dirigente de Unió Mallorquina (UM) fue condenada por un delito de cohecho por importe de cuatro millones de euros, que fueron exigidos por la acusada y otros dos cargos del Consell a un empresario para conseguir la adjudicación de los terrenos de 'Can Domenge'. El pago se realizó en el año 2006 y el dinero se lo repartieron los acusados, según los hechos probados.
