Sobreseída la causa para los políticos en la Operación Patos, excepto el expresidente de la diputación de Pontevendra

La titular del juzgado de instrucción número 7 de Vigo ha accedido a las pretensiones del Ministerio Fiscal y ha dictado auto acordando el sobreseimiento de la llamada Operación Patos con respecto a todos los políticos que estaban siendo investigados, con excepción del expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, así como de varios empresarios y técnicos, para quienes ha ordenado continuar el procedimiento de instrucción y abrir piezas separadas.

Según se recoge en el auto, la jueza decreta sobreseimiento parcial y provisional de la causa con respecto a 23 de los investigados, entre ellos el alcalde de Vigo, Abel Caballero; los concejales Isaura Abelairas, David Regades, Ángel Rivas y José Manuel Figueroa; varios funcionarios municipales de Vigo; la exdelegada de la Xunta, María José Bravo Bosch, y diversos empresarios, entre otros.

No obstante, ha ordenado la apertura de piezas separadas con respecto al resto de investigados. Son 13 personas, entre las que está el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán; y el empresario Enrique Alonso Pais, supuesto 'conseguidor' de una trama para amañar concursos públicos; a ellos se suman empresarios, y técnicos de la Diputación, del Puerto y del Ayuntamiento de Vigo.

En su resolución, la magistrada comparte los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en su informe de julio pasado, y constata que, tras una "instrucción amplia", ha habido "numerosos casos" investigados de los que no se han podido corroborar los indicios de delito "por razones diversas": o bien porque los testigos dijeron no tener "constancia/memoria, real o fingida", por declaraciones "convincentes" de otros testigos, porque los documentos públicos desvirtuaron las sospechas, o por la falta de otros documentos y elementos objetivos.

El ministerio público ya expuso en su día que, en la mayoría de los casos, no hay pruebas que corroboren que las adjudicaciones de obras o cursos, o incluso un supuesto ascenso laboral de un funcionario, estén vinculados a la capacidad de influencia de la que presumía el gerente de la constructora Eiriña, Enrique Alonso Pais.

COMPORTAMIENTOS REPROCHABLES PERO NO CRIMINALES

Con respecto a las obras del Ayuntamiento de Vigo investigadas en esta causa, el Fiscal admite que, al margen de posibles irregularidades administrativas, o de comportamientos que puedan generar cierto reproche ético, no hay indicios suficientes de criminalidad.

En esa línea, ve "sospechosos" algunos comportamientos, como alguna conversación entre Alonso Pais y funcionarios municipales; o el pago, por parte de una concesionaria, de un concierto organizado por el Ayuntamiento. Y también se refiere a los 'enchufes' del edil Ángel Rivas en la empresa Cespa, una conducta que "no es tipificable en sede penal", ya que no hubo beneficio para el cargo público.

Con respecto a los regalos de Navidad que, supuestamente, la empresa Eiriña habría entregado a cargos políticos y funcionarios, entre ellos el alcalde, Abel Caballero, y varios concejales, el Fiscal tampoco ve probada la existencia de delito.

INVESTIGADOS

Con respecto a las personas que siguen investigadas, Enrique A.P. (gerente de la constructora Eiriña), Jaime A.V., Rafael Louzán, Manuel G.J., Mauricio R.O., José Enrique E.P., Alberto T., Julio Manuel V.M., Agustín R.D., Álvaro C.C., José Manuel C.P., y Luis S.A., la jueza ha ordenado la apertura de piezas separadas por diversos posibles delitos, en atención a lo solicitado por la Fiscalía.

Según el Fiscal, estas trece personas podrían haber cometido los supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental, y alteración de precios, entre otros, en la adjudicación de varias obras.

Entre los expedientes con supuestas irregularidades están obras realizadas por la Diputación en el campo de fútbol de Moraña, en un centro de la Comunidad de Montes de Coruxo, así como la presentación de presupuestos 'de acompañamiento' en otras tres obras. El Fiscal también aprecia indicios de delito en la adjudicación de la ampliación del puesto de control anexo al escáner de contenedores del Puerto; y en el pago, por parte del gerente de Eiriña, del servicio de prostitutas al funcionario del Ayuntamiento de Vigo, Álvaro C.C. (por supuesto cohecho impropio).