La Sala rechaza por extemporánea la recusación contra Espejel en el juicio contra los acusados de Alsasua

La Sección Primera de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado por extemporánea la recusación contra la magistrada Concepción Espejel planteada por los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) que consideran que la presidenta del tribunal que les va a juzgar no es imparcial por sus "lazos" con la Guardia Civil.

Los magistrados explican en un auto que la Ley exige plantear la recusación tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funda y, en el caso concreto, el tribunal recuerda que esta magistrada ha intervenido en múltiples resoluciones sobre la causa, desde que tomo posesión como presidenta, en el mes de junio de 2017.

Los acusados plantearon formalmente apartarle del tribunal el pasado 1 de marzo a partir de una providencia de la Sala del 13 de febrero en la que se ponía en conocimiento de las partes la composición de dicho tribunal. Al respecto la Sala matiza que el único hecho nuevo que recoge esa providencia es la incorporación del nuevo magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez que cubre la plaza del fallecido Javier Martínez Lázaro.

El auto explica que el resto de miembros --Concepción Espejel y Manuela Fernández de Prado-- se mantiene "inalterable"; de hecho no ha habido más variaciones que las relativas al cambio en la presidencia tras la salida de Fernando Grande-Marlaska, y posteriormente el fallecimiento de uno de los miembros.

La Sala recuerda además que Espejel ha intervenido en múltiples resoluciones en esta causa desde que tomó posesión como presidenta, rechazando el argumento de las defensas de que desconocieran esa situación hasta el pasado 13 de febrero. "Las defensas que plantean el incidente pretenden que hasta la diligencia de 13 de febrero de 2018 no conocían la intervención de Concepción Espejel en el tribunal, pero ello no puede estimarse así", explica.

CASADA CON UN GUARDIA CIVIL

Los magistrados recalcan además que, si como reconocen los acusados en su escrito, las causas de la recusación eran previamente conocidas por su publicidad, el plazo, que es de diez días, empezó a contar desde junio de 2017, de ahí que esté fuera de tiempo.

Se refieren los jueces a los motivos argumentados por los procesados que en su escrito denunciaron que existía un interés directo o indirecto de la magistrada en el proceso judicial debido a su matrimonio con un coronel de la Guardia Civil, conocido públicamente. Este enlace conlleva, según su escrito, la existencia de unos "lazos psicológicos o conexión afectiva" con el Instituto Armado.

El fiscal encargado del caso, José Perals, pide para todos ellos penas que van de entre los doce años y seis meses de cárcel a los 62 años y seis meses. Así atribuye a seis de los ocho imputados cuatro delitos de lesiones terroristas con una condena de doce años y medio de prisión, lo que suma 50 años para cada uno.

Al sexto en cuestión le atribuye además delito de amenazas terroristas por lo que la pena aumentaría a los 62 años y medio de cárcel mientras que a la octava procesada solo se le imputa un delito de amenazas terroristas, penado con doce años y seis meses de prisión.