La Sala de lo Penal determina que la Audiencia Nacional instruya el 'Caso Vitaldent'

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha establecido que sea el Juzgado Central de Instrucción Número 6 del órgano el competente para instruir el 'Caso Vitaldent', por el cual se investiga al presidente de la cadena de salud dental y a otros miembros de la cúpula directiva por delito continuado de blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial, entre otros.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal admite así el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez Eloy Velasco por la que rechazó asumir la causa que le había remitido el Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda al entender que el caso no revertía de la "entidad suficiente" para atraer la competencia de la Audiencia Nacional.

El auto hace suyos los razonamientos del Ministerio Fiscal y admite que tiene que ser este órgano judicial el que se encargue del caso "teniendo en cuenta la trascendencia económica" y que los hechos revisten de una "gran complejidad". "No ya por el volumen y cuantías de que se trata, sino principalmente por el elevado número de franquiciados que participan en la operativa", reza el escrito.

Además, añade que el hecho de que los franquiciados estén diseminados por todo el territorio nacional "hace necesario mantener una unidad en la instrucción, por razones de economía procesal y también en aras a la verdadera eficacia en la investigación y para evitar de dilaciones indebidas". La instrucción de la causa es, por tanto, "sumamente dificultosa" para varios juzgados de competencia territorial ordinaria.

El pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), María Isabel Serrano, se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad del caso, dado que en su opinión, la cúpula de la franquicia dental diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.

La Audiencia Nacional por su parte rechazó en un auto asumir la causa al considerar que era "obvio" que una actuación presuntamente considerada como un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales de estas características, "no tiene la entidad y significación suficiente" para perturbar la confianza en el tráfico mercantil o alterar el desarrollo de la economía nacional.

Sin embargo ahora la Sala de lo Penal estima que se centralice la instrucción en los Juzgados de la Audiencia Nacional porque entiende también que los presuntos hechos delictivos de los que se les acusa a la cúpula de Vitaldent no se realizaron solo en el año 2013 sino desde 2009 y en concreto en más de 170 clínicas repartidas por toda España más múltiples clínicas dirigidas por testaferros.

DINERO EN 'B' NO DECLARADO

El auto recoge el escrito de recurso planteado por el Ministerio Público según el cual indica que los hechos mencionados pudieran ser constitutivos de organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública y precisa que presuntamente intervienen varios conjuntos de sociedades en las que "cada una de ellas juega un rol específico dentro de un operativo complejo".

Advierte a su vez de que esta trama organizada "lleva operando con gran estabilidad y permanencia en el tiempo" y lo hace no solo en España sino también en países como Holanda, Suiza y Luxemburgo, realizando "operaciones ficticias y la introducción en el circuito legal de los beneficios obtenidos con su actividad ilícita", por la que llegaron a defraudar unos 10 millones de euros.

Además concreta que en el sector de las clínicas propias gestionadas por 'Opendent' obtiene cantidades de dinero en 'b' no declaradas. La Fiscalía señala además que se puso en marcha un complejo operativo que culminó con el envío de dinero al exterior, con baja tributación y posterior traspaso de dinero a cuentas personales mediante operaciones ficticias con la utilización de sociedades radicadas en España y fuera de ella.

FRAUDE A LOS FRANQUICIADOS

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico.

Al parecer, la cantidad sustraída se desviaba a cuentas en el extranjero de forma "episódica" para después volver a traerse al circuito económico legal español.En el marco del operativo la Policía detuvo el pasado mes de abril a 13 personas en la Comunidad de Madrid y una en Torrevieja (Alicante) y se practicaron numerosos registros, en los que los agentes se incautaron de hasta 1,2 millones de euros en efectivo --400.000 euros en el domicilio del presidente, 100.000 en el despacho que compartían Conte y Sisinni, 66.000 euros en el de Javier Arteaga y 615.000 en el de su hermano Oscar--, así como un avión valorado en un millón de euros, 36 coches, varios de ellos de alta gama, y varias fincas.

Según estas investigaciones, los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios.