Podem pide en Corts una inspección sobre las empresas vinculadas con la Gürtel que mantienen contratos con el Consell

De este modo, Podem ha reclamado al Gobierno Valenciano que informe sobre qué contratos de los empresarios vinculados a la trama Gürtel se han firmado en esta legislatura y cuáles han sido las garantías legales para realizar dichas contrataciones con la Administración, según ha informado la formación en un comunicado.

Asimismo, este grupo parlamentario solicita que se analicen dichos contratos con el objetivo de "detectar posibles irregularidades y tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de la legalidad contractual con las empresas vinculadas con el Caso Gürtel que a estas alturas trabajan con la administración con el fin de cancelarlos y establecer las multas oportunas".

La iniciativa plantea también que se avance en medidas para garantizar una mayor transparencia, tales como comisiones de inspección y observatorios de la contratación, así como la concurrencia en la contratación pública, favoreciendo que sea más accesible para Pymes y cooperativas.

El síndic de Podem, Antonio Estañ, ha expresado su agradecimiento al "empresariado decente que no quiso entrar el circuito del dinero negro". Además de las gracias, ha remarcado, "hay que ofrecer hechos y a ese empresariado y premiarle apartando a las empresas ligadas a la corrupción". "Ser corrupto no puede salir impune y ese debe ser un marcador ético fundamental para el ciclo de cambio democrático en marcha en la Comunitat", ha subrayado.

"Compartimos también la exigencia de que los empresarios ligados a la corrupción informen de los casos concretos y a cambio de qué comisiones", ha subrayado y ha advertido de que "la responsabilidad de cortar definitivamente con la corrupción no puede ser sólo de los empresarios corruptos". "El Consell debe liderar esa ruptura, exigiendo explicaciones y poniendo en marcha medidas", ha indicado.

Además, ha avanzado que Podem impulsará la constitución de Comisiones de Inspección de la Contratación en los ayuntamientos para hacer seguimiento de contratos en vigor y señalar contrataciones con empresas ligadas a la corrupción y de Observatorios de la Contratación, participado, además de por los grupos políticos, por los agentes sociales.