El PNV rechaza la propuesta del PP de prohibir indultos a condenados por rebeldía al considerarla inconstitucional

El portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, ha asegurado que "el derecho de gracia se construye no sobre el delito cometido (salvo las prescripciones constitucionales al efecto) sino sobre aspectos relativos a la realización de la justicia material o equidad en el justamente penado, para responder a las necesidades de corrección de las decisiones judiciales, para establecer coherencia de política criminal, o para procurar la convivencia social o la utilidad pública, como por ejemplo asegurar la colaboración de confidentes de organizaciones criminales, suavizar conflictos en las relaciones internacionales o resolver graves problemas públicos que puedan afectar a la convivencia".

A su juicio, "impedir la posibilidad del Gobierno de ejercitar su derecho de gracia en determinados condenados en razón del delito es una vulneración constitucional tanto respecto a las facultades constitucionales del Gobierno como al principio de igualdad que impida la discriminación en la ley entre los reos".

Por ello, el PNV se muestra "totalmente contrario" a la propuesta que ha realizado el PP de impedir por ley los indultos para los delitos de rebelión y sedición porque, "además de ser inconstitucional, sería negar materialmente una herramienta que pudiera servir para solventar problemas políticos". "¿Piensan que la situación en Cataluña va a mejorar con esta propuesta?", se pregunta Legarda.

El PNV prefiere dejar la Ley de indulto como está y por eso tampoco comparte la propuesta del PSOE de requerir un informe vinculante de cualquier otro poder u órgano para la concesión del indulto porque "es hacer la decisión compartida y por tanto inconstitucional, ya que el indulto es una prerrogativa constitucional en exclusiva del Gobierno".

Por ello, en las enmiendas presentadas por los nacionalistas vascos a la ley que se tramita en el Congreso insisten en que el informe del Magistrado o Tribunal sentenciador "no será vinculante para el Gobierno por razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social que a juicio de aquel concurren en el condenado para poder otorgar el indulto total".