La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha vetado el 2% de compatibilidades a altos cargos en 12 años

La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sólo ha vetado el 2% de las solicitudes de compatibilidad para ex altos cargos del Gobierno desde su creación en abril de 2006, hace casi doce años.

Ésta es la respuesta que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dado al diputado nacional del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, quien pedía saber el número de incompatibilidades y conflictos de intereses registrados por la citada oficina.

En su contestación, que recoge Europa Press, el Ejecutivo informa de que el citado órgano ha gestionado desde su nacimiento, en abril de 2006, 453 solicitudes de compatibilidades a ex altos cargos del Gobierno, de las cuales sólo ha desestimado 9, lo que supone sólo un 1,98% de las peticiones. También ha habido, apunta el texto, 14 desistimientos.

MÁS DE 16.000 EXPEDIENTES GESTIONADOS

El socialista cordobés también preguntaba al Gobierno por el número de comprobaciones que ha hecho la mencionada Oficina sobre incompatibilidades de altos cargos, si verifica los datos que éstos le aportan comparándolos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social, y si sólo ejerce funciones de control o es depositaria de los documentos y declaraciones que recibe.

El Ejecutivo señala que desde su creación la Oficina de Conflicto de Intereses ha gestionado un total de 16.077 expedientes y recalca que toda la documentación que recibe no sólo se registra sino que es "revisada y comprobada", junto con la información administrativa que se solicita a otros órganos institucionales.

"La Oficina de Conflicto de Intereses revisa y controla toda la documentación presentada por altos cargos, al objeto de comprobar que no se produce ninguna vulneración de la norma aplicable, lo cual se puede demostrar dado los procedimientos sancionadores que se han incoado", reseña el Gobierno.

Según puntualiza, la información fiscal la obtiene gracias a las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), pero añade que la Oficina de Conflictos de Intereses se dirige semestralmente a las entidades gestoras de la Seguridad Social en relación con los cargos cesados. Todo ello, apunta el Gobierno, "sin perjuicio de otras comprobaciones que se realizan cuando se consideran necesarias".

NI VERIFICA, NI BUSCA ACLARACIONES

No obstante, el pasado octubre, el Tribunal de Cuentas desveló en un informe del periodo 2012-2014 que la mencionada Oficina no verificó las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos de la Administración, ni buscó posibles omisiones, sino que sólo solicitó aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecieron en la prensa.

El organismo fiscalizador cuestionó que la Oficina no desarrollase las facultades que le atribuye la ley "para verificar e investigar" la información declarada, a través de la colaboración con las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, y evidenció que ni siquiera tiene establecidos procedimientos para ello.

En concreto, criticó que la Oficina no valorara la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporó a la función pública, a un organismo internacional o cuando inició una actividad en una empresa de nueva creación.

Fue el caso, por ejemplo, de dos exconsejeros de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), uno de los cuales reingresó como trabajador en el mismo organismo mientras que el otro comenzó a ejercer de consultor para las Autoridades de la Competencia del Sistema de Integración Económica Centroamericana, de asesor del comisario de la competencia de la Comisión Europea y de experto de la Conferencia de la ONU sobre el Comercio y Desarrollo para la competencia y protección del consumidor en América Latina.

De hecho, el Tribunal revela que en el periodo fiscalizado la Oficina no tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de Conflicto de Intereses, y no inició, instruyó o resolvió expediente sancionador alguno. Tampoco se comunicaron ni inscribieron las abstenciones de los altos cargos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni se realizaron averiguaciones al respecto.