La Ley de Transparencia incluirá a la Corona

Además de los partidos firmantes, el acuerdo contra la corrupción ha sumado al PNV y tres formaciones del Grupo Mixto: Esquerra Republicana, Compromís-Equo y Foro Asturias.

Sólo hubo dos votos en contra, de los diputados socialistas Nacho Sánchez Amor y Víctor Morlán, presumiblemente por error ya que el Grupo Socialista optó por abstenerse. Finalmente tampoco rechazaron el acuerdo ni Izquierda Plural, ni el BNG, ni Amaiur, ni Geroa Bai, pues todos ellos se decantaron por la abstención. Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, no participó en la votación.

Eso sí, en la sesión plenaria también se votaron otras propuestas de resolución para combatir la corrupción, promovidas por el PSOE, Izquierda Plural y UPyD, que fueron rechazadas merced a la mayoría absoluta del PP.

El texto aprobado abre la puerta a la inclusión de la Corona en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia al pedir la incorporación a esa norma de aquellas "entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público".

Aunque la moción no menciona expresamente a la Jefatura del Estado, el portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, sí ha dejado claro durante su intervención en el Pleno del Congreso que esa mención a las "instituciones", que el PP no recogía en su redacción original, debe interpretarse como aplicable a la Casa del Rey.

La iniciativa establece que ese acuerdo entre las fuerzas políticas debe incluir cuantas medidas sean precisas para que "los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones". Entre otras cosas, se cita la elaboración de un "pacto ético" entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados, una fórmula acuñada por la Izquierda Plural.

Informe de una comisión independiente

También incorpora, como defendía el PSOE, la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración democrática.

La propuesta de resolución emplaza al Gobierno a aprobar seis proyectos de ley en esta materia, cuatro de ellos ya propuestos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la semana pasada en el hemiciclo.

En concreto se alude a la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que obligará a los partidos a remitir su contabilidad al Tribunal de Cuentas en los primeros tres meses del año siguiente al ejercicio al que se refieran y regulará el papel de los responsables económicos financieros de estas organizaciones y el tratamiento de las donaciones a los partidos políticos.

También prevé que la Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, el futuro Estatuto del Cargo Público que propuso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afecte a los cargos públicos que están "al servicio de la Administración General del Estado", es decir, que no obligue a los que pertenecen al sector autonómico o local, como defendían los nacionalistas

Estatuto del cargo público

Este Estatuto debería incluir la regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos de la Administración General del Estado; la determinación y límites de los sistemas de protección social; la limitación de la compensación tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

En cuanto a la modificación del Código Penal, otra de las reformas legislativas que forman parte del acuerdo anticorrupción, el texto aboga por la inclusión, entre otros, de los delitos de financiación ilegal y enriquecimiento "injustificado" de los cargos públicos electivos. Asimismo, se determinará el aumento de los plazos de prescripción para esos delitos.

Respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, además de más instrumentos de control que permitan "optimizar la capacidad de respuesta en tiempo adecuado" del órgano fiscalizador, prevé el establecimiento de fórmulas de colaboración por parte de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Oficina de Conflicto de Intereses.

Asimismo, el pacto incluye la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción, y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar la investigación de los casos de corrupción.

Regular los 'grupos de presión'

Además de las reformas legislativas la enmienda emplaza a buscar acuerdos en el ámbito parlamentario para incluir en la Ley de Transparencia a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y "aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público". También aboga por que las obligaciones de transparencia para las formaciones políticas entren en vigor de forma inmediata.

De la misma manera, las comisiones parlamentarias correspondientes deberán estudiar la regulación de las organizaciones de intereses o "lobbies", nuevas medidas contra el transfuguismo político, posibles reformas para facilitar el "impulso y tramitación" de las iniciativas legislativas populares, y la "inmediata" puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales, cuya creación se aprobó en la anterior legislatura, pero nunca se activó.

También habrá de estudiarse cómo trasladar a los diputados y senadores las normas de transparencia que se incluyan en el futuro Estatuto de Cargo Público y establecer un "procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias, de actividades y de bienes".

Asimismo, el acuerdo defiende medidas para modernizar las campañas electorales (sondeos, tratamiento por los medios, debates e incluso duración) y alude a una posible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior.