Juzgan a 41 presuntos miembros de SEGI, la "academia terrorista" de ETA

En su escrito provisional de conclusiones, el fiscal Luis Barroso solicita nueve años de cárcel como dirigentes de la organización a Irati Mujika, Ainara Bakedano, Jon Anda Vélez, Gaizka Likona, Olatz Izaguirre, Jon Tellería, Asier Coloma, Ibai Esteibarlanda y Carlos Renedo.

El resto de los acusados se enfrentan a una petición de pena por parte del Ministerio Público de siete años de prisión por este mismo delito sin la cualificación de dirigentes.

Se trata de Jon Ciriza, Aitziber Arrieta, Garazi Rodríguez, Maialen Eldua, Eihar Egaña, Euken Villasante, Mikel Esquiroz, Mikel Ayestarán, Xumai Matxain, Aritz López Ugarte, Eñaut Ayarzaguena, Mikel Totorica, Nahaia Aguado, Idoia Iragorri, Xabier de la Maza, Haritz Petralanda, Joseba Dalmau, Zuriñe Gogenola, Jon Ligüerzana, Néstor Silva, Unai Ruiz, Goizane Pinedo, Jagoba Apaolaza, Zumai Olalde, Aitor Ligüerzana, Bittor González, Amaia Elkano, Garbiñe Urra, Itxaso Torregrosa, Oier Zúñiga, Fermín Martínez y Artzai Santesteban.

El fiscal define a SEGI como una "organización juvenil creada en el seno del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que complementa la actividad de lucha armada de la banda terroristaETA mediante actos de 'kale borroka' o lucha callejera" y persigue producir un "profundo temor atacando al conjunto de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho".

Argumenta que, al igual que sus antecesoras Jarrai y Haika, fue declarada por el Tribunal Supremo en 2007 como parte de la organización terrorista ETA y era controlada por la ilegalizada KAS y su sucesora, EKIN.

Los acusados fueron detenidos en noviembre de 2009 tras la detención el 11 de abril de ese año en una estación de tren de París del entonces número dos del aparato logístico de ETA, Ekaitz Sirvent. Al etarra se le incautó un documento titulado 'La organización de la revolución juvenil en Euskal Herria', en el que se analizaba la situación de la organización y se daban directrices a SEGI.

A Jagoba Apaolaza, supuesto responsable de SEGI en Vitoria, se le intervino un documento en el que se señalaban los "puntos de hostigamiento" hacia los que debía dirigirse el movimiento juvenil.

Así, se detallaba que las acciones de la organización debían dirigirse hacia "intereses económicos (correo, telefónica, estaciones de tren...), bienes o sedes gubernamentales (diferentes delegaciones, INEM...), símbolos (quemas masivas y públicas de banderas, paneles, placas en recuerdo de fascistas...), señalamientos contra las diferentes policías, tanto bienes como representantes de partidos políticos represores (UMP, PSF, PSOE-PSE-PSN, UPN, PP...) y trabajo de señalamiento contra fuerzas autonomistas y regionalistas".

En los registros ordenados por el juez Grande-Marlaska se incautaron panfletos, librillos, pegatinas, camisetas y tazas con inscripciones relativas a SEGI y otras plataformas "pantalla". De la investigación también se deducía que SEGI se estructuraba en una dirección nacional que estaba subdividida en herrialdes (provincias), eskualdes (comarcas) y 'taldes', vinculados a la organización terrorista.