Juzgan el jueves a un acusado de estafar 1,8 millones de euros a la Fundación Federico García Lorca

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal solicita cinco años de prisión por un delito continuado de estafa. Los hechos serán juzgados por el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia madrileña.

Según el fiscal, el acusado actuando como administrador de la sociedad mercantil Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento S. L. firmó un contrato de prestación de servicios con la Fundación Cultural Federico García Lorca.

Dicho acuerdo preveía que Juan Tomás prestara un servicio de asesoramiento técnico y una coordinación estratégica para el proyecto "Centro Federico García Lorca".

Los honorarios por su trabajo se fijaron en el 4 por cierto sobre el total de las ayudas aprobadas para realización del proyecto. Posteriormente el acusado modificó los términos del acuerdo y elevó sus honorarios hasta el 15 por ciento respecto de las ayudas aprobadas.

Incluso añadió un párrafo que decía literalmente: "asimismo, en caso de que Desarrollo del Territorio y Sociedad del Conocimiento realice otras actividades no comprendidas en el presente contrato, ésta presentará sus correspondiente factura que deberá ser abonada en el mismo términos que los establecidos en el presente acuerdo".

La Fundación Federico García Lorca recibió de distintas instituciones una subvención total por alrededor de 19.000.000 euros por lo que, según el contrato firmado, hubiera tenido que percibir 748.465,60 euros si se aplicara el porcentaje del 4 por ciento.

Sin embargo Juan Tomás facturó "indebidamente" a la Fundación 2.566.788,44 euros, esto es, la cantidad de dinero equivalente a la aplicación del 15 por ciento de las ayudas recibidas.

Por lo tanto, la Fiscalía sostiene que el acusado incorporó indebidamente a su patrimonio 1.818.322,84 euros a través de las facturas emitidas por la sociedad de la que era administrador con cargo a la Fundación Federico García Lorca.

Dicha cantidad de dinero fue abonada por la Fundación al acusado "en la creencia de que correspondían con los honorarios estipulados en el contrato (...) habiendo realizado el propio acusado las transferencias para abonar las facturas, abusando de la confianza que la Fundación tenía depositada en él".