La Justicia argentina revoca la orden de detención de Martín Villa, a quien una juez imputa crímenes franquistas

La decisión de la justicia argentina ha sido adoptada este jueves por la Sala Segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, según señala la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Sala argumenta que la orden internacional dictada por la juez -que afectó a una veintena de personas entre las que se encontraban Martín Villa y el también el exministro recientemente fallecido José Utrera Molina- es "infundada" porque no se basó en una fundamentación que abordará de forma correcta el espacio temporal ni el contexto que rodeó a los hechos atribuidos al exministro español.

El análisis de las citadas circunstancias era, según concluye el tribunal, un requisito "ineludible para discernir" sobre la petición de extradición, por lo que la orden de Servini se deja sin efecto.

Martín Villa había manifestado en diversas ocasiones su intención de prestar declaración ante la juez por los hechos con los que se le implica, que ocurrieron cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. En las actuaciones en Argentina está personada la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que ha reclamado en varias ocasiones a las autoridades españolas que prestaran impulso a esta investigación judicial.

EXMINISTROS, EXPOLICÍAS Y EXJUECES ACUSADOS

La magistrada imputó en la causa a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un ginecólogo.

Entre los políticos se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, ya fallecido.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.