Jueces y fiscales aplauden que el TC anule las tasas, pero lamentan que se no hayan derogado algunos artículos

Colectivos de jueces, de letrados de la Administración de Justicia y fiscales han aplaudido este martes que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas por el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Aun así, han criticado que algunos de los artículos de la ley revisada no han sido derogados y, por tanto, el ciudadano debe acudir al Constitucional a reclamar contra sus tasas.

Así lo han hecho, en un comunicado conjunto el sindicato de Jueces para la Democracia (JPD), Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) --conocidos anteriormente como secretarios judiciales-- y Unión Progresista de Fiscales (UPF).

El pasado viernes, el TC estimó parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declaró inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que dichos gravámenes, aprobados en noviembre de 2012, vulneran el derecho de tutela judicial efectiva.

Los sindicatos han asegurado que comparten los argumentos del Constitucional porque el "pago de un tributo no puede obstaculizar el ejercicio de los derechos", como es el de la Justicia. Según ellos, las tasas judiciales pueden "generar campos de impunidad" e "impedir o limitar" el ejercicio de la tutela judicial efectiva de la mayoría de la población.

No obstante, ha lamentado que el TC no haya querido pronunciarse sobre lo que consideran el "mayor grueso" del recurso de inconstitucionalidad, el relativo a los artículos 2,5,6 y 11 bajo el argumento de "falta de justificación de la demanda".

Según los sindicatos, esto es una "visión excesivamente dependiente de la demanda de inconstitucionalidad" y recuerdan que los magistrados, tanto de este tribunal como de los ordinarios, deben resolver los conflictos con independencia "del acierto del escrito".

EL CONSTITUCIONAL "ES REHÉN DE SU PROPIA DOCTRINA RESTRICTIVA"

También, han criticado que el Constitucional se haya negado a examinar el artículo 3.1 de esta misma ley y a anular el 7.2 en lo relativo sobre las personas físicas . En este sentido, los colectivos dicen que el tribunal es "rehén de su propia doctrina restrictiva" y que ha dejado el "enjuiciamiento de constitucionalidad de las normas al esfuerzo que desarrolle el particular persona física por recurrir la aplicación de la ley".

"Dejar la validez constitucional de una ley al esfuerzo personal y económico de cada persona física con la denuncia constitucional al pago de su tasa, es inadecuado, antieconómico y desproporcionado", agregan.

Además, proponen recuperar el sistema de la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de Tasas Judiciales porque ya los ciudadanos y pequeñas y medianas empresas contribuyen a la financiación del sistema judicial con sus impuestos. "Son las grandes empresas y grandes fortunas las que abusan y colapsan el sistema, y, en cambio, no son los principales contribuyentes", han aseverado.

PIDEN AL GOBIERNO QUE EXPLIQUE EL DESTINO DE LO RECAUDADO CON LAS TASAS

Por último, han hecho hincapié en que no pueden "pasar por alto" lo que, en su opinión, es una "nueva llamada al efecto desaliento que hace y asume para sí" el Tribunal Constitucional. Con esto hacen referencia a que el tribunal ya precisó que la declaración de inconstitucionalidad de las tasas tenía "efectos limitados".

En este sentido, los sindicatos firmantes de este comunicado consideran que se ha concedido al Gobierno en funciones y al presupuesto público un "respiro" ya que se evita devolver las cantidades recaudadas con las tasas y, por el contrario, no se han paliarán los "perniciosos" efectos causados a las personas físicas.

Así, exigen al Gobierno de Mariano Rajoy, ahora mismo en funciones, que "explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones" del destino de estas "recaudaciones inconstitucionales", sobre todo, cuando Ruiz-Gallardón se "comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita" con las tasas.