Interior mantiene en activo 495 escoltas que prestan protección a 118 cargos públicos y a 28 ya retirados

Estos son los datos que ha remitido el Ejecutivo al diputado y portavoz de Interior en el Congreso de IU, Ricardo Sixto, quien se interesó, entre otras cosas, por el número de agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados a estas tareas de protección.

En un comunicado, el diputado critica que este Departamento se negara en noviembre a facilitar el dato de forma individualizada y que ahora responda pero "sin dar información detallada".

Interior respondió al principio que el Gobierno no disponía de información y, por ello, no podía facilitar los datos requeridos, entre ellos sobre los servicios de protección de escolta desempeñados por el Servicio de Seguridad de la Casa del Rey, por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno o por las Unidades de la Policía Nacional adscritas a las Comunidades Autónomas.

El Ejecutivo del PP se acogió para justificar esa supuesta falta de información a determinados acuerdos del Consejo de Ministros de hace más de 30 años e, incluso, a normas de 1968 sobre información clasificada.

El diputado de IU se queja de que el Gobierno "siga sin dar información detallada, aunque ahora recurre a otros argumentos". "Señala", indica, "que a pesar de que los servicios de protección referidos en el texto de su pregunta son realizados por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son los respectivos Departamentos o Servicios de Seguridad los que disponen de la información y datos relacionados con los servicios de protección de escolta que desempeñan".

El Ejecutivo señaló en su primera contestación que 118 personalidades y cargos públicos nacionales o autonómicos disponen en el momento actual de un servicio de protección de escolta a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También había 28 ex cargos públicos en esta situación.

Detalló también que en la actualidad no existe ningún servicio de protección de escolta a autoridades o cargos públicos que sea proporcionado por empresas de seguridad privada con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.