Alberto Ruiz-Gallardón, citado a declarar como investigado por el caso Lezo

El que fuera su 'número dos' en el Gobierno regional, Manuel Cobo, también deberá comparecer como imputado un día antes, el 6 de junio, así como el también exconsejero de Medio Ambiente Carlos Mayor Oreja, quien está citado a comparecer el día 5.

Las fuentes consultadas han explicado que, tras escuchar a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de Inassa en 2001, el magistrado Manuel García Castellón ha decidido citar a Gallardón al ser el presidente del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la adquisición.

Cobo, por su parte, fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que Mayor Oreja fue consejero de Medio Ambiente y en 2001 también ocupó el cargo de presidente del Canal de Isabel II, aunque ese mismo año fue sucedido por Pedro Calvo.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado recientemente un auto en el que rechaza el archivo de esta pieza del 'caso Lezo', razón por la cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado esta decisión ahora.

Los antiguos miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, entre ellos dos estrechos colaboradores de Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo, estuvieron desfilando por la Audiencia Nacional a lo largo del mes de enero para explicar por qué aprobaron la compra de Inassa por un precio por encima de su valoración.

“CÚMULO DE IRREGULARIDADES”

El juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.

La Fiscalía acusa al exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras de diseñar una operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y "repleta de irregularidades" puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.

En su declaración ante el juez instructor, los exdirectivos de la empresa pública madrileña negaron las acusaciones y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía de aguas.

DESVINCULACIÓN A GALLARDÓN

Además, tanto los principales directivos del Canal como el resto de miembros del entonces consejo de administración desvincularon de esta operación a Gallardón, asegurando que no sólo no intermedió en su nombramiento en la empresa pública, sino que no tenía relación alguna con él.

Canalda, que dimitió como presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid tras su imputación en la trama, aseguró que la operación, aprobada en la reunión del consejo de administración del 14 de noviembre de 2001, ya estaba diseñada cuando él llegó al Canal, mientras que De Cachavera y López Heras aseguraron que los consejeros contaban con toda la documentación necesaria y tuvieron tiempo para estudiar la propuesta y votarla.

También explicaron ante el juez que el resto de imputados eran conocedores de que en la adquisición del 75 por ciento de Inassa se empleó la sociedad pantalla Aguas de América SA. De hecho, así se reflejó en el informe elaborado por la consultora que precisaba que la panameña se tenía que disolver una vez formalizada la compra.

16 AÑOS DESPUÉS

La versión de los principales responsables del Canal en aquel momento se contradijo con la prestada también en calidad de investigados por la mayoría de exconsejeros que dijeron que habían tenido acceso a la documentación por la compra de Inassa apenas horas antes de la reunión, que se fiaron de las explicaciones que recibieron de los altos cargos y que había que tener en cuenta que han pasado 16 años de entonces, por lo que no recuerdan flecos y particularidades de este asunto.

Así lo expusieron dos de los hombres fuertes del entonces Gobierno de Gallardón como Pedro Calvo (exgerente del Canal) y Juan Bravo (exconsejero de Hacienda y actual presidente de Adif), quienes explicaron en sede judicial que no tenían indicios que les hiciera sospechar de irregularidad alguna de la adquisición; es más, incluso apuntaron que la filial del Canal en Colombia tiene un valor en la actualidad de 200 millones de euros.