La Fiscalía pide que testifiquen Fabra y Barberá por la Fórmula 1

El fiscal solicitó estas testificales hace ya dos meses, en el momento en que interpuso la querella contra Camps y contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Johnson, y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar', por presunta malversación y prevaricación en la gestión de la Fórmula 1 en Valencia, según han confirmado fuentes conocedoras del procedimiento.

Entre los 60 testigos que reclama, figura el nombre de Alberto Fabra y de los miembros del Consell que aprobaron la compra de Valmor Sports por la cantidad simbólica de un euro, asumiendo la deuda millonaria que esta mercantil arrastraba: el vicepresidente del Consell, José Císcar, y la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig. El ministerio público no solicita la imputación de estas personas puesto que entiende que esta compra les vino ya hecha como consecuencia de los acuerdos que firmaron Camps y Johnson.

Así mismo, el ministerio público pide la testifical de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien asistió a algún encuentro con Camps y el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, por la carrera; del concejal de Deportes en el consistorio valenciano, Cristóbal Grau; el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas; y el empresario Fernando Roig. Estos dos últimos fueron socios constituyentes de Valmor junto a Aspar.

Estas testificales tendrán que esperar hasta que se designe un juez instructor de la causa, puesto que de momento lo que ha hecho la sala de lo Civil y Penal del TSJCV es admitir a trámite la querella del fiscal contra Camps, Johnson y Aspar y ha suspendido provisionalmente el plazo de presentación de recursos contra esta admisión hasta que se solucionen unos "defectos" apreciados en la documentación de Fiscalía.

Según indicó la pasada semana el tribunal valenciano en una resolución, en la documentación en soporte digital aportada por el ministerio público faltaba escaneo de algunos folios, así como el reverso de otros. Además, había ausencia "completa" de escaneo de determinados anexos.

ERRORES EN LA TRADUCCIÓN

En la documentación también se aprecian algunos errores en la traducción que presentó inicialmente Fiscalía al TSJCV sobre la declaración en inglés de Bernie Ecclestone. Así, mientras en el informe de Competencia que remitió el ministerio público al tribunal se señalaba que la idea de la prueba surgió de Camps, en la traducción jurada que aportó posteriormente Fiscalía General, se constata que la idea de organizar un Premio de Fórmula 1 en Valencia fue del magnate y no del expresidente.

Así mismo, pese a que el fiscal señalaba que Camps había organizado una reunión en la ciudad para tratar el asunto según su versión de la traducción, parece que, con el documento de Fiscalía General, Ecclestone declaró que fueron ambos los que fijaron este encuentro, y que ahí él mismo llevó un borrador de contrato de promoción de la carrera, y no el exjefe del Consell.

Esta afirmación de la autoría del Gran Premio en Valencia figura únicamente en el informe de Competencia, pero el fiscal basó su querella inicial, fundamentalmente, en lo que declararon tanto el expiloto Aspar como la jefa de Protocolo del Circuito del Motor, quienes señalaron que la idea de celebrar el Gran Premio partió de Camps, que fue quien negoció todas las condiciones, incluidas las económicas.

De esta forma, según fuentes jurídicas, la testifical de Ecclestone es solo una parte más de la causa, cuyos errores en la traducción no afectan al fondo del asunto, puesto que independientemente de quién propusiera traer la Fórmula 1 en Valencia, se investiga la forma en que se orquestó la venta de Valmor al Consell por la que se causó un grave perjuicio --según el fiscal-- a las arcas públicas.

En concreto, la querella de Fiscalía por este asunto se centra en cuatro aspectos fundamentales: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011; la orden que dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".