Covite exige a Zoido que el Gobierno "actúe para evitar la propaganda en torno al final de ETA"

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, Consuelo Ordóñez, se ha reunido este jueves con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la sede del Ministerio en Madrid, encuentro en el que han abordado las informaciones que apuntan a que ETA celebrará un acto el primer fin de semana de mayo para anunciar su "desmovilización". A este respecto, Ordóñez ha exigido al ministro que el Gobierno central "actúe para evitar la propaganda" en torno al final de la organización terrorista.

"Llevamos meses pidiéndole a este Gobierno que disuelva a ETA para impedir el teatro de su disolución y para dar a la sociedad la foto de la derrota de la banda. El Gobierno tiene en sus manos actuar para que el supuesto final de la banda terrorista no sea un nuevo acto de propaganda", ha insistido la presidenta de Covite en un comunicado.

Ordóñez ha resaltado que "los únicos protagonistas del final de ETA deben ser las Fuerzas de Seguridad". "El Estado no puede ceder a una de las reivindicaciones históricas de los terroristas, la de un final sin vencedores ni vencidos en el que se blanquee la trayectoria criminal de la peor organización que ha actuado en este país. El Gobierno tiene la obligación de evitarlo", ha enfatizado.

"CHANTAJE NACIONALISTA"

Por otro lado, Covite ha advertido a Zoido de que el final de ETA "no puede ser el principio de la cesión al chantaje nacionalista para otorgar las competencias penitenciarias", al tiempo que ha incidido en que "está en juego el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia". Asimismo, ha pedido al ministro un "compromiso firme" sobre este asunto, que Zoido "ha evitado argumentado que se trata de una decisión del Gobierno".

Por último, Consuelo Ordóñez, acompañada por la abogada y directiva de Covite Irene Muñoz, ha solicitado la creación de un protocolo para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo, que implica, entre otros aspectos, el acceso a los expedientes judiciales. Para ello, ha solicitado la creación de un equipo de especialistas y la coordinación entre las administraciones de Justicia, Interior, Defensa, y Exteriores.

"Hay casi 400 asesinatos de ETA sin resolver, lo que implica que a casi 400 familias se les ha negado el derecho a la justicia, pero la Administración no puede negarles el derecho a la verdad. Hay que salir del terreno de las buenas voluntades y pasar al terreno de los derechos garantizados de manera efectiva", ha concluido.