El Congreso aprobará el jueves las recomendaciones sobre financiación de partidos pactadas por PSOE, Podemos y Cs

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves el informe con recomendaciones para actualizar la legislación sobre financiación de partidos pactado por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, un documento que fue rechazado por PP, PNV y PDeCAT en la Comisión de Calidad Democrática y ante el que ERC se abstuvo.

Estos cuatro partidos no apoyaron el texto a modo de protesta por la decisión de socialistas, morados y naranjas de pactar las conclusiones al margen del resto de grupos pese a que todos habían trabajado juntos en el seno de la subcomisión creada para tratar este asunto.

Durante el debate del jueves, PP, PNV, PDeCAT y ERC volverán a defender en el Pleno los votos particulares que ya presentaron ante la comisión y que fueron rechazados con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

El informe que será ratificado por el Pleno sugiere la inclusión de primarias para la elección de candidatos a la Moncloa y los gobiernos autonómicos y locales con una determinada población. Pide también que no haya una exigencia "excesiva de avales" para concurrir, que la financiación de las campañas sea transparente y que se busque un "procedimiento singularizado" para que las primarias reciban algún tipo de financiación pública.

Asimismo, apuesta por reformar el Tribunal de Cuentas para reforzar su independencia --que sus miembros tengan las mismas incompatibilidades que los jueces--, su capacidad de control e investigación sobre las cuentas de los partidos y también de imponer medidas coercitivas y sanciones. En concreto, pide que puedan retener las subvenciones públicas a los partidos que no le remitan su contabilidad.

ENDURECER EL RÉGIMEN PENAL

En el plano penal, se recomienda revisar el delito de financiación ilegal de los partidos para rebajar "significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión", así como tipificar la manipulación de las cuentas anuales. Quieren que los que se financien ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos se hagan responsables patrimonialmente de dichos actos. Sobre las sanciones administrativas, demandan extender los plazos de prescripción de las conductas ilícitas.

Según PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos debería contemplar como sancionables la aceptación de donaciones finalistas, revocables o procedentes de personas o empresas que tengan contratos con el sector público. También se aspira ampliar el catálogo de "faltas graves", incluyendo, por ejemplo, la incorrecta identificación de los donantes.

Además de medidas para obligar a los partidos a ser totalmente transparentes en lo organizativo y lo económico, el informe prevé reforzar los mecanismos internos de control con la creación de unidades de fiscalización independientes, códigos éticos y regímenes disciplinarios. Otra de las recomendaciones es reforzar la figura del tesorero o gerente para que pueda fiscalizar la organización a todos los niveles territoriales y sectoriales.

MÁS SUBVENCIONES A QUIEN CUMPLA

PSOE, Unidos Podemos y Cs abogan recoger en la Constitución el principio de que los partidos deben contar con un nivel de financiación suficiente para realizar su labor de canalizadores de la participación política. Respecto a las subvenciones que reciben, piden ordenar el sistema vigente para su concesión --ahora demasiado heterogéneo-- y unificar su regulación jurídica.

Primar en las subvenciones a los partidos que cumplan determinados objetivos como la celebración de primarias, el equilibrio de género en las listas u órganos, la limitación de mandatos o ciertos niveles de transparencia es otra de las propuestas. También apuestan por que, vía Presupuestos Generales del Estado, se fije un tope anual para las ayudas económicas que reciben los grupos parlamentarios municipales que ahora son muy dispares.

Respecto a la financiación privada sugieren garantizar la trazabilidad de los ingresos. Y en lo relativo a las fundaciones, piden limitar las donaciones de personas físicas máximas por año y persona y publicar la identidad de los donantes por encima de un determinado umbral que no especifican.

Además, las fundaciones deberán someterse a los controles y obligaciones contables de los partidos, publicar informes anuales sobre las donaciones que perciben e informar al Tribunal de Cuentas también de su actividad no vinculada al partido.

Entre las propuestas también destacan regular los microcréditos y el crowdfunding, así como un 'mailing' electoral que evite gastos innecesarios y garantice el pluralismo y la igualdad, aunque no hablan específicamente de un correo único con todas las candidaturas.