El Congreso tramita desde octubre la derogación de la prisión permanente revisable que pende sobre 'El Chicle'

El Congreso tramita desde el pasado mes de octubre la derogación de la prisión permanente a la que podría enfrentarse el autor confeso de la muerte de la joven Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como 'El Chicle', si una vez que concluya la investigación, se le acusa de un delito de asesinato y de una agresión sexual previa al fallecimiento de la chica madrileña.

La mayoría absoluta de la que disfrutaba el PP en la X Legislatura le llevó a reformar el Código Penal para introducir la pena de la prisión permanente revisable --una de las medidas estrella del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón-- o la cadena perpetua, como lo denomina la oposición, que recurrió esta figura penal, prevista para supuestos de excepcional gravedad, en el Tribunal Constitucional.

En la legislatura vigente, el PNV presentó una proposición de ley que el Pleno del Congreso debatió y tomó en consideración el pasado 10 de octubre, gracias al apoyo que recibió de toda la oposición, a excepción de Ciudadanos que optó por abstenerse.

LA SOLEDAD DEL PP

El PP se quedó sólo en la defensa de su reforma del Código Penal, que está vigente desde julio de 2015, junto a sus socios electorales de UPN y Foro Asturias. Los 'populares' sostienen que la prisión permanente revisable cumple a la perfección con los principios que marca la Constitución.

Tras su admisión a trámite, la derogación de la prisión permanente revisable que originalmente impulsa el PNV se encuentra en trámite de enmiendas en la Comisión de Justicia. Está en manos de la oposición acelerar su andadura parlamentaria en el próximo periodo de sesiones, que comenzará en febrero y se extenderá hasta julio.

40 LEYES CONGELADAS

Y es que en la actualidad unas 40 leyes que encuentran en trámite, en muchos casos aparcadas desde hace más de un año como consecuencia de las consecutivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios.

Durante el debate de la proposición de los nacionalistas vascos, la oposición coincidió en rechazar la reforma introducida en el Código Penal por el PP en 2015 por considerar que no cumple con los principios constitucionales de reinserción social y reeducación de los delincuentes.

En concreto, en su iniciativa el PNV argumenta que su inclusión en el Código Penal fue "una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978", pero "no está justificada desde razones de política criminal".

"VENCIMOS A ETA" SIN ESA FIGURA PENAL

El PSOE, por boca de su portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, defendió que la prisión permanente revisable es "innecesaria, inoportuna y está mal concebida": "Vencimos a ETA sin ella", dijo, subrayando que en su día el PP aprobó esta medida por el "miedo".

Desde Unidos Podemos, Eduardo Santos censuró que el PP "resucitara" una figura penal que derogó Primo de Rivera y apuntó que la revisión de las penas no garantizará la reinserción del condenado. "Se salieron ustedes por la puerta grande del marco europeo de derechos humanos", dijo.

"Debemos atenernos al texto constitucional y no sólo utilizarlo para aquello que nos interese", aseveró, por su parte, el representante de Compromís Enric Bataller, que comparó la revisión permanente revisable con una "condena a pudrirse y no a resocializarse".

CS HABLA DE POPULISMO PUNITIVO

Desde Ciudadanos, que optó por la abstención, Patricia Reyes acusó al PP de practicar "populismo punitivo" con la reforma del Código Penal de 2015. Y es que, a su juicio, esta pena es "demagoga hasta en su denominación", pues le pusieron este nombre que "sonará más amable", en vez de "cadena perpetua", que entra en contradicción con los valores que introduce la Carta Magna", como el principio de humanidad que incluye la reinserción social.

En el PP el diputado Leopoldo Barreda indicó que sería "más lógico" esperar a que el Constitucional dictara sentencia al respecto y defendió que el actual Código Penal da una respuesta "proporcional y constitucional" a los crímenes más execrables, como puede ser asesinato en serie, terrorismo o cometidos por grupos organizados. "¿De verdad creen que los ciudadanos desean la reducción del tiempo de condena, qué terroristas como los de Barcelona se merecen penas más benévolas?, preguntó entonces Barreda.