CSIF tacha de "bravuconada" las palabras de Llach y garantizará la seguridad jurídica de los funcionarios catalanes

"CSIF lanza un mensaje de tranquilidad ante la bravuconada que a nuestro entender suponen las palabras del diputado de Junts pel Sí, Lluis Lach, sobre las supuestas sanciones a las que se enfrentan los funcionarios que no acaten este proceso", ha informado la organización sindical en el texto.

El sindicato más representativo en las administraciones públicas, y que cuenta con presencia en el sector privado, ha recordado que "no es la primera vez" que Llach hace declaraciones de este tipo que crean "alarma social". "Creemos que este tipo de amenazas son del todo inapropiadas y crean alarma social en el colectivo de la administración pública y en la población catalana en general", ha señalado.

Como respuesta, la centra sindical ha anunciado la intensificación de su actividad con el fin de que los funcionarios no se vean perjudicados por la falta de seguridad. En este sentido, CSIF mantendrá un encuentro en los próximos días con el delegado del Govern, Enric Millo.

En este sentido, ha reiterado su defensa al ordenamiento jurídico vigente y ha anunciado que tiene listo su protocolo de defensa, dirigido al funcionariado catalán para su defensa en el caso de que tuviera que responder a una orden de dudosa legalidad por parte de sus superiores.

EL GOVERN EVITA VALORAR LAS PALABRAS DE LLACH

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha evitado este martes valorar las palabras de Llach y se ha limitado a afirmar que la Generalitat garantiza la "protección jurídica de los funcionarios" durante el proceso soberanista.

Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que 'El País' haya publicado un vídeo de un acto de marzo organizado por Òmnium Cultural en que Llach decía que se "sancionará" a los que incumplan estas leyes.

Munté no ha aclarado si contemplan estas sanciones, alegando que ella forma parte del Govern y no del Parlament; ha prometido que las leyes de 'desconexión' supondrán pasar de una legalidad española a una catalana sin vacíos legales, y ha añadido: "Las leyes nos obligan a todos".

El Parlament catalán impulsa a través de JxSí y la CUP las conocidas como tres leyes de 'desconexión', una de las cuales --la de transitoriedad jurídica-- prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.