CGPJ advierte de la pérdida de derechos de los jueces en materia de permisos y retribuciones

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suscrito una declaración, firmada por 19 de sus veintiún miembros, en la que expresa su preocupación por la pérdida de derechos de los jueces y magistrados en materia de permisos y retribuciones y por la situación de las instalaciones de los órganos judiciales y lamentan el retraso padecido en la convocatoria de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal.

En la declaración, el órgano de gobierno de los jueces manifiesta su confianza en que, "por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, se atienda con determinación a la citada situación de deficiencia".

El texto añade que el Consejo, consciente y conocedor del malestar de la Carrera Judicial derivado del retraso en la fijación de los módulos y cargas de trabajo, se compromete a continuar el proceso de establecimiento de los mismos y a continuar instando de las Administraciones la recuperación de los derechos estatutarios perdidos por los jueces y magistrados en los últimos años y la dotación de los medios precisos para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional.

FALTA AUTOCRÍTICA SEGÚN DOS VOCALES

Los vocales Enrique Lucas -designado a propuesta del PNV- y Concepción Sáez -a propuesta de IU- no han suscrito el texto porque, aunque consideran que el malestar que se respira en la Carrera Judicial está más que justificado, estiman que el pronunciamiento del Consejo llega tarde y no va acompañado de la necesaria autocrítica que este órgano constitucional debe realizar sobre su propia responsabilidad y pasividad en la generación de la situación que ahora denuncia.

Los vocales señalan en su declaración que esperan que, por parte del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia "se atienda con determinación a la citada situación de deficiencia", si bien se comprometen "a continuar con eficacia y rapidez el proceso de fijación de los módulos y cargas de trabajo de los jueces y magistrados".

Para los dos vocales discrepantes la declaración no ha estado precedida de un debate en profundidad sobre el conjunto de los problemas que, desde hace años, aquejan a jueces y magistrados, por lo que consideran que la preocupación que el Consejo manifiesta sobre las quejas de estos no va más allá de un mero gesto forzado por las actuales circunstancias en las que sus protestas están adquiriendo gran resonancia ante la opinión pública.