El TSJCV imputa a la alcaldesa de Alicante y a su antecesor en el cargo

El instructor del 'caso Brugal' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha citado como imputada a la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, y al ex primer edil alicantino y diputado, Luis Díaz Alperi.

Ambos deberán declarar el próximo 19 de octubre por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante que inició la investigación, Manrique Tejada, formuló el 4 pasado de julio una exposición razonada ante la sala en la que apuntaba que había detectado la existencia de indicios de delito en su investigación, que justificaban la citación de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi para declarar como imputados, al ser ambos diputados en las Corts Valencianes, por su presunta participación en la revisión y modificación del PGOU.

Según el primer instructor, los hechos eran susceptibles de ser calificados inicialmente como delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad (artículo 417 del Código Penal), tráfico de influencias (428) y cohecho, sin concretar el tipo penal en esta fase procesal.

El pasado 11 de septiembre, el TSJCV se declaró competente para asumir el caso, y en atención al escrito presentado poco después por Sonia Castedo, --en el que solicitaba ser llamada a declaración judicial con carácter de urgencia--, el magistrado de la sala de lo civil y penal les llama a prestar declaración el próximo 19 de octubre.

En la presente providencia, Juan Climent además informa de que, contra esta citación, los afectados pueden interponer recurso de reforma en el plazo de tres días sin necesidad de consignar cantidad alguna, excepción hecha de las acusaciones populares.

El número de imputados se eleva a 18 personas

El sumario de la ramificación del caso 'Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) imputaba inicialmente a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz y su mujer, que a cambio de dádivas habrían resultado favorecidos con dicha tramitación.

En la causa están imputados también el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores SL Javier Gutiérrez, además del arquitecto redactor del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada.

La práctica totalidad de ellos están imputados por un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y buena parte además lo están por tráfico de influencias. A Enrique Ortiz y a su esposa, Manuel Carratalá, así como a José Luis Castedo, Javier Gutiérrez, y al empresario Ramón Salvador Águeda les imputa también por cohecho.

La lista de los imputados se completa con el exmiembro de la dirección de CAM, Daniel Gil; los directivos de Bancaja Juan Zurita y José Cortina; el promotor inmobiliario Vicente Pérez; y los empresarios Aurelio González, Ramón Salvador Águeda, José Gregorio, Bernardo Campos, José Juan Climent y José Francisco Javier León, y el letrado Jorge Yacobi Strasser.