Albert Rivera retará hoy a Rajoy a comprometerse en el Congreso con la supresión de aforados tras aceptarlo en Murcia

"¿Cómo piensa el Gobierno eliminar los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos, tal y como prevé el punto 94 del pacto de investidura?", reza la pregunta que Rivera dirigirá a Rajoy.

Ciudadanos insiste en que se podría acabar con el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo central haciendo una reforma exprés de la Constitución. Concretamente, habría que modificar los artículos 71 y 102, que establecen que esos cargos responderán de sus posibles delitos ante el Tribunal Supremo, no ante un juez de primera instancia.

No es la primera vez que el líder de la formación naranja se refiere a esta cuestión en una sesión de control al Ejecutivo. Ya lo hizo el pasado diciembre, cuando propuso a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, llevar a cabo la reforma en el primer trimestre de 2017.

Sáenz de Santamaría le contestó que el Gobierno no se cerraba a esa reforma constitucional pero que habría que delimitar a qué delitos afectaría y, además, hacer un proceso paralelo en las comunidades autónomas y en el poder judicial.

AFORAMIENTOS AUTONÓMICOS

Desde entonces, se han eliminado los aforamientos en una comunidad, Murcia, donde Cs convenció al PP para que apoyara la medida a cambio de permitir la investidura del nuevo presidente murciano, Fernando López Miras. La medida afecta a los diputados de la Asamblea Regional y a los miembros del Gobierno autonómico.

Rivera ha asegurado que su partido propondrá esta misma reforma en las demás comunidades autónomas donde tiene representación parlamentaria, teniendo en cuenta, además, que en cuatro de ellas (Andalucía, Madrid, Castilla y León y La Rioja) tiene firmado ese compromiso en sus pactos de investidura con PP y PSOE.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, criticó recientemente que en Murcia se promoviera la suspensión de los aforamientos autonómicos de forma separada y recordó que la revisión del sistema procesal penal debería hacerse conjuntamente para "evitar paradojas" al comparar la situación de unas comunidades y otras.